Explotación de mano de obra, expropiación de tierras, evasión de impuestos, contabilidades anómalas, especulación en precios, inversiones dudosas de capital público. Estas son algunas de las sombras que encierra la comercialización de café en Guatemala y que rara vez han pasado advertidas debido a los pesos políticos que maneja dicha industria. El asesinato del reconocido empresario Khalil Musa, en medio de una atmósfera de confrontación generada por su nombramiento para la junta directiva de Anacafé, trajo a la superficie los conflictos de poder que se gestan dentro de la industria cafetalera nacional.


El amargo inicio del café y sus asociaciones en Guatemala.
Desde 1810 Guatemala buscaba productos potencialmente explotables y atractivos internacionalmente en base a los cuales se pudiera consolidar una industria fuerte en la que se sustentara la economía nacional. El peligro que representa depender de un monocultivo se hizo latente cuando en 1860, la producción de grana se empezó a venir abajo, ante ello la producción de café iba en aumento y diez años más tarde este ya se había convertido en el principal producto de exportación del país.

Cuando en 1870 los gobiernos liberales comprendieron la potencialidad del café, buscaron medidas para aumentar y ampliar el cultivo, uniendo al desarrollo del grano la explotación de la mano de obra necesaria. En 1876 se establece en una carta a los jefes departamentales que “los pueblos indígenas proporcionarán a los dueños de las fincas el número de mozos que fuere necesario”. Para 1877 se emite el “Reglamento de Jornaleros” en el cual se vuelve prioridad del gobierno proveer de tierras, ya sea expropiándolas o vendiendo a precios bajos aquellas que se encontraban baldías. Ambas medidas estatales se agudizaron con las políticas liberales que ofrecían títulos gratis de tierras baldías a inmigrantes alemanes, dichos terrenos en realidad pertenecían a comunidades indígenas. Muchas familias alemanas se vieron beneficiadas llegando incluso a poseer varias fincas, hasta con 300 trabajadores cada una, convirtiéndose en parte fundamental del crecimiento de la industria. Para 1944 el gobierno inicia la expropiación y nacionalización de los terrenos cedidos, pero la falta de una legislación adecuada hizo que los abusos prosiguieran.

Casi 100 años después del inició de la industria, se establece la Ley del Café en 1960, la cual entre otras cosas otorga marco legal para la creación de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), según el artículo 4 de la referida ley: “es una entidad de derecho público, no lucrativa, constituida por los caficultores de la República... con patrimonio propio, fondos privativos”. Esta institución se convierte en la principal cooperante del Estado en torno a la protección de la producción y comercialización del café, fijando precios y velando por los intereses del gremio.

Bajo la misma idea de agrupar productores bajo instituciones que les permitan acceder con mayor facilidad a los mercados internacionales, se fundó también en 1969 la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala, R.L. (FEDECOCAGUA), aglutinando a 19 cooperativas que se incrementaron para 2004 en 148 agrupaciones especialmente de pequeños productores, exportando un promedio de 300 mil quintales de café oro por cosecha. Con esto se sientan las bases de las dos grandes fuerzas de poder cafetalero que junto a otras empresas, empezarán a realizar diversidad de movimientos financieros y políticos, en su mayoría, ajenos a los intereses de sus productores.

Las políticas que afectan la industria y los problemas del pequeño productor
El sector cafetero tiene una importancia económica y social muy grande en Guatemala: agrupa unos 43,800 productores y emplea aproximadamente al 11% de la población activa del país quienes integran la estructura cafetalera que se puede separar en tres estratos: pequeños, medianos y grandes productores. Los pequeños productores son aquellos que aportan menos de 40 quintales oro por mes, por lo regular se ubican en microfincas y fincas subfamiliares. En cuanto a los medianos productores ya cuentan con fincas familiares mientras que los grandes poseen las llamadas fincas multifamiliares.

En cuanto a los pequeños productores, el hecho de que cuenten  con tecnología tradicional hace que no cuenten con casi ningún beneficio del cultivo, remunerando sólo su propio trabajo. Este problema se intenta solucionar a través de la integración de cooperativas, o la búsqueda de intermediarios, sin embargo esto tampoco les representa el beneficio esperado.

Los pequeños productores en su mayoría venden su café a intermediarios (en cereza) o a una cooperativa en caso de no ser socios; a veces entregan café directamente al beneficio. El sistema de comercialización varía según la región y el nivel del productor, esto implica también que los flujos monetarios son distintos de un lugar a otro. En algunas zonas los intermediarios son más importantes que en otras y en algunos casos, la cantidad de agentes que intermedian financiamiento es tan alta, que créditos inicialmente obtenidos con intereses del 21%, llegan al productor hasta a un 42%. La consecuencia final es que los agricultores cafetaleros se ven cada vez más inmersos en una espiral de deudas y obligaciones que su cosecha anual a veces no paga y por la cual se ven compelidos a un compromiso sobre las siguientes, naturalmente con un interés que se acumula durante los meses de mantenimiento y una deuda creciente ya que debe solicitar créditos para mantenimiento del cafetal y de su familia.

Un intermediario cafetero, llamado localmente "coyote", es un agente que en mucho funciona como un comerciante itinerante que establece relaciones de clientela con los productores y que se ha insertado en una región que conoce y en la cual obtiene una cuota de su producción. El intermediario actúa como transportista y también como agente financiero, otorgando crédito por la vía de anticipos o adelantos de dinero contra la promesa de venta del producto, cuyo financiamiento la mayoría de las veces implica intereses más altos que los de la banca. Este proceso es detallado por el cafetalero guatemalteco, Guillermo Pedroni:

"En esta cadena existe un primer comprador  que sale a buscar el producto dentro de la región, o bien los productores le conocen y le buscan para venderle. Luego existe un acopiador mayorista que algunas veces beneficia el café o lo entrega a un intermediario mucho más grande quien se encarga de beneficiar y vender a la agro exportadora. El primer acopiador compra el café con dinero que le ha sido prestado o entregado por el acopiador mayorista que a la vez lo consigue de uno mayor. La distribución de este capital de comercialización suele ser semanal o diaria,  la tasa de ganancia promedio a que accede cada intermediario es de Q 0,50 por quintal de café, de manera que gana más el que mayores volúmenes de café acopie”.

Los intermediarios grandes y las casas comerciales agro exportadoras pagan una diferencia de precio por calidad entre Q 5,00 y Q 10,00 por quintal de café pergamino. Las casas comerciales y los exportadores argumentan que el deterioro de la calidad del café y la disminución de los rendimientos no les permite pagar mayores diferenciales a los productores y procesadores. Por otra parte, en ocasiones algunos intermediarios locales y casas comerciales compran a un precio superior al que ofrece el resto de los compradores. Este fenómeno de "sobreprecio en el mercado", donde el motivo principal no es la calidad del producto, pues se compran diferentes clases de café a un precio igual, obedece a las razones siguientes:

i)    Cumplimiento a toda costa de contratos celebrados con anticipación, absorbiendo pérdidas en la operación pero manteniéndose en el mercado a la espera de futuras ganancias; esta práctica de competencia ha resultado en quiebra y salida del mercado para algunas empresas.
ii)    Aparentemente, y esto es válido sobre todo para los pequeños productores, los intermediarios locales compran a precios superiores a los de las casas comerciales, pero sus balanzas están alteradas de tal forma que se quedan con diferenciales de peso que exceden el "sobreprecio" pagado.

Obviamente, el sistema provoca serias consecuencias no sólo sobre la calidad del café, sino además en relación al reconocimiento económico que deben recibir los productores para verse estimulados a mejorar su producción. De acuerdo a un estudio realizado por el Dr. Otto Samayoa, los pequeños productores no organizados solamente reciben del 18.8 al 24.1% de los márgenes de ganancia en la comercialización; los medianos, grandes y cooperativistas captan entre el 73.9 y 79.0% de los mencionados márgenes.

Un estudio realizado por la empresa Gilles Roun en 1992, con el fin de obtener un panorama de la industria cafetalera en Guatemala que les permitiera calcular un proyecto de inversión identificó, entre otros, los siguientes problemas:

i)    El problema de la falta de capital de trabajo entre los pequeños productores, lo que redunda en un decremento sostenido de las inversiones, en una dependencia extrema de los intermediarios locales y en una preocupación lógica por las cantidades producidas y no por las calidades.

ii)    A nivel de la exportación, se observa la intervención en el mercado de nuevos actores en un número creciente, exportadores no calificados, sin tradición ni experiencia y sobre todo, sin una relación y una posición de confianza establecida frente a los compradores en el mercado exterior.

iii)    La nueva política establecida mediante un consenso entre ANACAFE y los exportadores para promover los diferentes tipos de café, en regiones muy extensas, sin tomar en cuenta diferencias específicas de altitud y de origen, es peligrosa en la medida en que transgrede las reglas de un mercado en el cual precisamente Guatemala tiene todas las condiciones para ubicarse ventajosamente. Esta situación, no es visualizada por los nuevos exportadores, y una indicación de eso, es la afirmación recurrente de que quien determina la denominación de origen es el catador a posteriori.

iv)    En el plano de la calidad, se debe considerar el problema de las variedades cultivadas, donde internacionalmente el café guatemalteco  ha perdido credibilidad en torno a calidad. Frente a esta nueva situación de la cadena, el contexto institucional (la Ley del Café no permite a los exportadores participar en las decisiones), la voluntad de liberalismo de ANACAFE, (más de 600 licencias de exportación) y la ausencia de control sobre las exportaciones implican una desestabilización de todo el sector cafetalero. En consecuencia antes de promover el café, o algunas categorías de café, se necesita mejorar su calidad.

Evasión y devolución de impuestos, Intercafé y Volcafe
A finales de la década de los setentas, Eduardo González Rivera e Ingo Haberland fundan Intercafé, compañía dedicada a la exportación del grano guatemalteco. Uno de los problemas de dicha institución fue la especulación con el producto almacenado, ya que centralizaba a mil pequeños, medianos y grandes productores cuyas ventas se gestionaban en la entidad, trayendo para sí también el manejo de las divisas generadas por la venta del grano. Para 1984 estas actividades produjeron la quiebra de Intercafé, con una pérdida de 50 millones de dólares luego de que las acciones de la empresa se endosaran a nombre de su entonces gerente, Rudy Krupp, quien automáticamente salió del país hacia Alemania.

Tanto González como Haberland eran socios además de Waelti Schoenfeld, subsidiaria en Guatemala de la internacional Volcafé. Medios internacionales han acusado a Volcafe de evasión de fisco en los diferentes países donde exportan café, escondiendo sus ganancias en paraísos fiscales por medio de compañías suministradoras “off shore”. En 1994 la televisora suiza “Rundchau”, presentó un reportaje sobre las prácticas comerciales de Volcafé en el país, saliendo a luz el caso de la finca: “Santa Anita Tumbador”, donde con préstamos hipotecarios cuyos intereses llegaban al 34% anual, financiaban la cosecha de familias que al no poder pagar los préstamos se convertían en proveedores cautivos y terminaban además por perder sus terrenos.

Además en el 2004 el diputado Mario Taracena destapa el caso de la evasión de impuestos que se venía dando desde años atrás. En el 98 Volcafé presentaba pérdidas por 19 millones de dólares, mientras sus ventas ascendían a los 580 millones. Tal contraste se puede entender si se analizan los contratos de café, en Guatemala se registraba un valor de USD 71.75 por saco, luego internacionalmente aparecían se registraban a USD 78.50.  Paul Möller, CEO de Volcafé, declaraba para el medio televisivo suizo: “Son cuestiones comerciales... este contrato efectivamente es más bajo, pero hay otros más altos y al final en un contexto global todo se compensa”.

Cuando el escándalo estaba en su punto más alto, se detectaba un fraude por parte de Volcafe de USD 45 millones lo cual llevó a que su personería jurídica enfrentara procesos legales en Suiza y la empresa fuera vendida, mientras tanto en Guatemala el caso pasaba casi desapercibido y para 2004, la Asociación de Exportadores de Café (ADEC), de la cual González Rivera, había sido presidente, reclama al gobierno la devolución de Q.250 millones en concepto de IVA pagado a los productores de café locales. El gobierno rápidamente otorgó dicha cantidad a pesar de que existían anomalías respecto a la fabricación de IVA por medio de empresas inexistentes. Debido a esto se intentó reformar la forma en que se manejaba este IVA, proponiendo que “al exportador no se le cobre y así no se le tenga que devolver”. Indicó en su oportunidad Luis Fernando Pérez, del FRG. Dicha iniciativa no avanzó.

Entre Anacafé y Fedecocagua, desintegración e inversiones anómalas
Los problemas más recientes empiezan cuando en enero de 2008 es despedido Rubén Pacay, coordinador de la Unidad de Pequeños Productores de Anacafé. Este despido provoca que FEDECOCAGUA, por medio de su entonces gerente de mercadeo, Gerardo de León, solicite la renuncia del entonces presidente de Anacafé, Cristhian Rasch y posteriormente en asamblea realizada en abril de ese año, lo declaran persona “non grata” ya que consideran que el dirigió la orden de despido de Pacay de manera racista y excluyente.

El tema de la destitución de Pacay pone a flote además, las acusaciones contra Rasch por los desvíos de fondos de Anacafé hacia agencias internacionales que luego financian a caficultores que se afilien bajo la forma de nuevas organizaciones en un intento por dividir y restarle poder a FEDECOCAGUA. Rasch se defendía aduciendo que los despidos eran competencia de Rodolfo González Arenas, entonces gerente general y que la ayuda de Q.1.7 millones para asesoría, traslado de producto, organización y facilitación de la afiliación de pequeños productores en la costa sur era deber de la asociación, acusando directamente a Fedecocagua de querer monopolizar los programas de ayuda.

El problema de los desvíos hacia agencias internacionales, fue el motivo por el cual las cooperativas El Pensativo y El Renacimiento 59, colocaron tres demandas contra Rasch para que aclarará el uso de USD 13 millones de las reservas de Anacafé.

El 30 de diciembre de 2008 se desata un nuevo escándalo alrededor de Anacafé. Pequeños productores del grano presentan una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas debido al riesgo de la inversión anómala realizada por Anacafé en el Wachovia Bank de Estados Unidos que se encontraba al borde de la quiebra. El monto de la inversión era de 11.4 millones de dólares.

El riesgo de quiebra de la institución bancaria llega al punto de presentar una disminución del 95% en sus ganancias, luego se anuncia que el Citigroup adquirirá la institución pero, mientras el riesgo continúa, el escándalo toma nuevas dimensiones cuando miembros de la directiva de Anacafé aseguran no conocer quién autorizó la inversión, ni la dirección que deberían tomar los intereses adquiridos.

En ese momento el Presidente de Anacafé, Cristian Alexánder Enrique Rasch Topke, es responsabilizado de haber realizado el movimiento bancario de lo que representaría Q.84.3 millones. Según quienes en dicho momento presentaron la denuncia, la transacción se realizó sin un dictamen financiero de respaldo, y se enteraron de dicho movimiento hasta que en una reunión realizada en diciembre de 2008, el entonces presidente de la directiva, declaraba: “Como puede observarse en el informe, durante los meses de abril a junio del 2008 la tasa de interés fue del 6.8%; durante el año comprendido de junio del 2007 a junio del 2008, el retorno fue de 8.5%, y lo acumulado desde el 25 de abril al 30 de junio del 2008... la tasa ha sido de 22.2%”.

A esta denuncia se sumó la realizada por Enrique Coc, administrador de la Cooperativa Integral de Comercialización Comon Calebal, quien señalaba que desde enero del 2007 hasta diciembre de 2008, los estados financieros de Anacafé presentaban déficit de Q602 mil 320. Según su denuncia, dos auditorias realizadas con anterioridad no reportaron esta baja, mientras otra auditoria detallaba la existencia de una partida denominada activo corriente, dentro de la cual se establecían cuentas incobrables y valuación de inventario con un déficit de Q.146 mil.

¿De dónde se obtienen los fondos para las inversiones?
Según el artículo 1 del decreto gubernativo 111-85:

1. Se paga el 1% de cada quintal de café oro vendido.
2. El Banco de Guatemala realiza el cobro y dirige una parte al Instituto de Fomento Municipal y la otra hacia la cuenta de Anacafé.
3. La Ley del Café estipula que la Asociación: “tiene plena capacidad para adquirir y disponer de sus bienes y contraer obligaciones”.

Por lo cual la inversión se efectúa bajo el supuesto de que los intereses adquiridos beneficiarán a los asociados. Caso similar a la inversión del Congreso de la República en MDF.

Este movimiento representa para Anacafé un aproximado de Q.40 millones cada año, provenientes de la producción de quienes están organizados bajo cooperativas y federaciones.

El poder financiero y político cafetalero, Bancafé luego Banrural.
Bancafé era una institución bancaria creada en 1978 con el objetivo de apoyar la producción y exportación de café, según la Superintendencia de Bancos, llegó a contar con activos de Q.7 mil 766 millones, lo cual lo convertía en la cuarta institución más fuerte del sistema nacional.  En noviembre de 2006 luego de incesantes rumores, el banco es intervenido por la Junta Monetaria al haber incurrido en transferencias millonarias a entidades privadas que les hizo perder la liquidez requerida por ley.

Bancafé era parte de una corporación en la que se encontraban dos “off shore”, Vipasa y Bancafé International Bank, también se rumora que Bancafé también habría invertido en Volcafé por medio de su subsidiaria Waelti Schoenfeld  que debido al escándalo de fraude fue vendida años antes. El cierre de Bancafé se da en medio de una atmósfera de señalamientos políticos, entre los que destaca que la intervención a Bancafé fue impulsada como un golpe político a la candidatura presidencial de Eduardo González Castillo. Ante la quiebra, Banrural se hizo de parte de los activos de Bancafé en su proceso de exclusión.

Banrural, se había constituido en 1997 a partir de la reconversión del Banco de Desarrollo Agrícola, es en la actualidad la segunda o tercera banca mejor posicionada del país, constituida con capital público y capital privado, siendo Fedecocagua uno de sus principales accionistas privados. Esta fuerza en cuanto a capital por parte de los grupos cafetaleros, les ha valido la consolidación de allegados dentro de la junta directiva, como lo es el caso de José Ángel López Camposeco, Presidente y Fernando Peña, Presidente del Consejo Administrativo.

Desde Fedecocagua se ha manejado la suficiente influencia en los productores de café por medio del otorgamiento de préstamos y, a la vez, se maneja el peso político mediante movilizaciones de cooperativistas, punto estratégico para el actual gobierno. Según un artículo publicado por Luís Solano en el semanario de investigación, Inforpress, ambos acompañaron a Álvaro Colom durante la campaña electoral, en la cual el presidente declaraba “Banrural será el brazo financiero de nuestra administración”.

De la misma manera que Bancafé contaba con Bancafé International Bank, en el paraíso fiscal de Barbados, las especulaciones entorno a los negocios que se puedan suscitar en Banrural crecen con la pretensión de la institución bancaria de abrir una oficina de representación en Miami, que ya sólo espera la aprobación de la Oficina de Regulación Financiera de la Florida y la Reserva Federal.

El nombramiento de Musa
Todos los negocios y tensiones de la industria cafetalera terminan por generar dos grandes puntos de choque: el control de Banrural y el control de Anacafé. En este marco de luchas de intereses se sitúa el nombramiento para que Khalil Musa presidiera la institución bancaria, lo cual generó una serie de roses con el cooperativista cafetalero, Gerardo de León, dichos roces se evidenciaron en la correspondencia que ambos se dirigen en torno a la quema de una finca y los movimientos anómalos de inversiones que anteriormente se mencionan. Al ser abordado el Presidente Álvaro Colom en una entrevista para el diario mexicano La Jornada, respecto al retiro del nombramiento de Musa, este argumenta: “No fuimos nosotros. Simplemente no se dio. Hubo un almuerzo muy duro entre él y los cooperativistas. Y lo entiendo como una competencia comercial, la voluntad del Gobierno era hacer equilibrio. En este caso en particular no funcionó. Pero el problema por su nombramiento no fue en Banrural. El problema fue en Anacafé, ahí sí había un enfrentamiento entre los pequeños y los grandes productores. Me llama la atención que jamás se mencionara esto”.

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