| LOS CABEZONES DE LOS FERTILIZANTES |
| Análisis |
 Guatemala, octubre 2009Una industria dominada por dos empresas cuyos propietarios han sido financistas de distintas campañas electorales. Por Gabriel Woltke En un país donde la agricultura representa la mayor parte de la producción, el establecimiento dentro de las políticas de desarrollo rural del Estado de un Programa de Fertilizantes se vuelve fundamental. Siguiendo la larga tradición del sistema económico nacional algunas familias y empresas se han hecho de la producción de los insumos básicos dentro del mercado, como es el caso de los fertilizantes. En el país se ha generado un oligopolio, pacto entre los grandes productores para acaparar el mercado, siendo Yara, Mayafert y Disagro las 3 empresas que manejan el 80% de la producción, tan sólo las 2 últimas han recibido entre el 2005 y el año en curso Q.1, 274 Millones en concepto de adjudicaciones por proveer al Estado de sus productos agropecuarios. Mayafert y las ONG´s, los primeros desmanes en el negocio de los fertilizantes. La creación del programa de fertilizantes se realizó durante el gobierno de Vinicio Cerezo pero no fue hasta la administración de Alfonso Portillo que este fue institucionalizado y politizado luego de que se dieran a conocer los vínculos entre el entonces presidente y uno de sus principales financistas de campaña, Suhel Thurjman, propietario del Banco Inmobiliario y presidente del Grupo Unisource Holding Inc, bajo el cual opera la empresa Fertilizantes Maya S.A. (Mayafert S.A.) fundada en el paraíso fiscal de las Bahamas en 1998 y presente en el país desde 1976 bajo el nombre de Agromerc S.A.. Dicha empresa se dedica a la producción y comercialización de cardamomo, ajonjolí, azúcar, café y sobre todo fertilizantes. En los últimos años el programa de fertilizantes llegó a contar con un aporte de Q.145millones, equivalentes al 11% del presupuesto anual del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA). Uno de los principales cooperadores del programa era el gobierno japonés, quien hasta 2004 había donado 300 mil quintales de fertilizante por año, pero debido a los señalamientos de clientelismo y preferencia política al momento de la entrega retiraron su ayuda. Con el retiro de la ayuda japonesa la compra de fertilizantes hacia empresas privadas vino en aumento y tan sólo de 2005 a 2007, durante el gobierno de Oscar Berger, Mayafert, recibió por medio de adjudicaciones del Estado Q.538 Millones. La administración financiera también seguía dejando en que pensar debido a que no era llevada directamente por el MAGA sino por ONG´s contratadas por el despacho ministerial, entre ellas el Centro Internacional de Pre inversión Para el Desarrollo Agropecuario (CIPREDA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Prevención Agrícola (IICPA) que hasta marzo del presente año han devengado Q.17 Millones en concepto de honorarios por el manejo de recursos. ProRural y el clan Dalton-Matheu Para evitar que se siguieran dando estos malos manejos y favorecer una mejor fiscalización en la compra y entrega de fertilizantes, el programa fue trasladado del MAGA al Programa de Desarrollo Rural durante la actual administración de Álvaro Colom. Este fondo social (ProRural) fue creado con el fin de poder establecer una política que facilite el desarrollo de las áreas más pobres, trabajando en 13 de los 22 departamentos del país. Desde ProRural se deben coordinar los programas de desarrollo discutidos y propuestos desde el Consejo de Desarrollo Rural, integrado por algunos funcionarios públicos y por representantes del Banrural y la Cámara del Agro. De los 7 programas presidenciales y los 7 programas de apoyo manejados por el fondo, sigue destacando el programa de entrega de fertilizantes. El actual director de ProRural, Roberto Dalton Aceituno, pertenece a una de las grandes familias que acaparan los mercados productivos del país. Junto con su padre Roberto Dalton Matheu, han incursionado en la exportación de café y en el mercado de los agroquímicos y fertilizantes a través de Distribuidora Agrícola Guatemalteca (Disagro), que hasta la fecha es la sexta proveedora más grande del Estado recibiendo de este más de Q.736 Millones de 2005 al año en curso a través de adjudicaciones por la compra de fertilizantes además cuenta con un mercado expandido en alianzas a través de México y Centroamérica. Roberto Dalton Aceituno también fue financista de la campaña de Álvaro Colom quien en repetidas ocasiones también ha viajado en aviones pertenecientes a Disagro y tras su llegada al poder lo nombró director de ProRural. El paso del programa del MAGA hacia ProRural, también ha creado nuevos escenarios anómalos y preocupantes, ya que por ser ProRural un fondo social, las contrataciones de personal no están regidas por la Ley de Servicio Civil y esto ha permitido que personas que podrían ver favorecidos sus propios negocios a través de un puesto dentro de la institución, como el caso de Roberto Dalton, logren dirigir la misma, además otras personas con intereses empresariales se encuentran ya en el aparato público, tales como Estuardo Hegel, director ejecutivo del programa de fertilizantes; el ex viceministro de Seguridad Alimentaria, Jorge Girón y Mario López de la Unidad de Normas y Regulaciones del Maga, todos ellos vinculados con anterioridad a la gerencia de Disagro. Con su llegada a la administración de ProRural, Dalton fue señalado de blindar su vehículo con recursos del MAGA (Q.212 Mil), por otra parte el sorpresivo anuncio de la compra de aviones por parte del gobierno a una empresa brasileña de la cual Disagro es la filial en el país puso nuevamente al directivo en el centro de los señalamientos de querer beneficiar a su empresa desde el nuevo puesto. Ante las acusaciones Dalton afirmó que se desvincularía de Disagro y que todo negocio hecho por la empresa con el Estado había sido efectuado antes de que él asumiera como director. Y otra de las medidas para intentar transparentar su trabajo y el desarrollo del programa de fertilizantes fue cambiar el formato de ejecución, en vez de entregar los sacos de fertilizantes se entregarían cupones para ser cambiados en cualquier puesto de distribución. Bajo este nuevo procedimiento se establece que cada cupón representa un aporte de Q.210, entregándose 500 Mil cupones en mayo del presente año, además se estableció al Crédito Hipotecario Nacional, como la entidad bancaria que respalda el programa, elaborando el cupón según el dato de beneficiarios ofrecido por ProRural y luego recibiendo de los comercios los cupones para proceder a su reembolso. Se estableció que cualquier comercio que estuviera inscrito en la SAT y radicara en los municipios abarcados por el programa podía servir como distribuidor, el problema en el nuevo programa radicaba en la clase de productos que se podían obtener con el cupón. La Unidad de Normas y Regulaciones del MAGA, bajo el mando de Mario López, prohibió la venta de fertilizantes que no tuvieran altas concentraciones de potasio, fósforo y nitrógeno, a partir del 13 de mayo pasado, pocos días después Roberto Dalton anunciaba que los cupones del programa de fertilizantes tampoco podrían ser cambiados por productos que no contaran con las características establecidas por el MAGA. Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro) atribuyó la nueva medida al tráfico de influencias y a un conflicto de intereses. Mario López, encargado de la Unidad de Normas y Regulaciones del MAGA, según Caballeros, habría admitido que firmó el acta debido a presiones de Álvaro Colom y la Primera Dama, y bajo recomendación de Roberto Dalton. Ante la medida Camagro se retiró del Consejo de Desarrollo donde afirmaba no haber sido tomada en cuenta. Camagro argumentaba que en la medida se estaba favoreciendo a financistas y que esta “violentó el Estado de Derecho, puesto que limita el derecho de los agricultores en todo el país de elegir libremente sus insumos”. Expertos de Fasagua apoyaban también esta postura ya que las características establecidas por las autoridades no consideraban la diferencia de suelos y la diversidad de fertilizantes que deben ser utilizados. Debido a esta inconformidad Camagro y algunos productores presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto las resoluciones del MAGA y ProRural pues violaban la libertad de industria y comercio. Al respecto Dalton comentó ante los medios: “Me da mucha tristeza que se haya pedido un recurso de esta naturaleza para favorecer a dos empresas –Tigsa y Nordic- y en detrimento de todos los campesinos que van a ser confundidos vendiéndoles productos de menor calidad”. La discusión llegó a tal punto, que luego de que Sylvia Gereda, columnista y codirectora de elPeriódico, manifestara en una publicación su apoyo a Camagro, Roberto Dalton le dirigiera un correo electrónico acusándola de defender intereses empresariales, lo que motivó a la periodista a presentar una denuncia en contra del funcionario ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Estracto de Entrevista a Juan Tiney, dirigente de la Coordinador Nacional Indígena y Campesina (CONIC) ¿Cómo visualiza el funcionamiento del programa de fertilizantes del Estado y el hecho de su politización? CONIC, por los procedimientos, no ha podido recibir ni un solo cupón de fertilizante hasta la fecha. Ahora se ha decidido un cupón para cada beneficiario, pero este sólo representa Q.210 cuando cada quintal llega a costar entre Q.240 a Q.300, además un quintal es demasiado poco y con suerte sirve para cubrir una cuerda de terreno. Detrás del programa nuevamente sólo hay intereses de negocios, en los años setentas un quintal costaba Q.1 mientras que ahora los precios se han disparado. Hay que buscar nuevos mecanismos, y uno de ellos, tal y como hemos venido promoviendo, es que el dinero del programa se invierta en capacitar a los mismos trabajadores para que ellos produzcan su propio abono orgánico, sin embargo como no es un gran negocio no ha sido impulsado. Lo anterior deja espacio para dos interpretaciones: o bien la familia Dalton es en realidad una familia honesta que desea servir a su país desde la administración pública de fertilizantes, participando con su amplia experiencia y conocimiento especializado en la materia, y reformando el programa de fertilizantes a través del sistema de cupones para mantener probidad y transparencia en su gestión, eliminando así las acostumbradas compras millonarias directas por medio del MAGA; o tristemente, el intento frustrado de prohibir la utilización de los cupones del programa gubernamental de fertilizantes para comprar determinados productos habría tenido como objetivo final, dirigir la compra de millones de campesinos hacia los productos de su oligopolio, dejando así afuera a otros competidores. De cualquier manera, la presencia de Roberto Dalton, miembro visible de la corporación Disagro, es una situación delicada en la cual el gobierno corre un innecesario riesgo de conflicto de intereses; lo suficientemente grande para que la población se encuentre constantemente informada y vigilante, y para que el más alto funcionario del programa estatal de fertilizantes procure desarrollar su gestión con mucho cuidado, apertura y transparencia.
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