Guatemala, noviembre 2009

Una conveniencia que va del aparente compromiso a la falta de voluntad política.
Por: Gabriel Woltke

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el papel que habría de jugar incluso dentro de la depuración del propio Estado, auguraba un trabajo arduo que por su propia naturaleza no siempre contaría con el beneplácito de los funcionarios en turno, así en este viaje, el Gobierno uneísta de Álvaro Colom ha ido del amor a la indiferencia, claro, según su conveniencia.


La CICIG fue propuesta como una organización que tiene por fin detectar y desmantelar las redes clandestinas infiltradas dentro del propio aparato de gobierno, tarea preocupante para muchos sectores que se han visto beneficiados por este tipo de estructuras de poder. Todo lo que implicaba el hecho de que la Comisión entrara en funciones hizo que su constitución llevara una extensa cantidad de tiempo para ser discutida y aprobada. Los entonces diputados de la UNE, de los cuales gran parte aún figuran dentro de la bancada, se mostraban reacios a aprobar el mandato de la Comisión, mientras su entonces Secretario General, Álvaro Colom, le brindaba todo su respaldo a sabiendas del peso político que esto le podría traer en las próximas elecciones.

Pensando ya en las elecciones del 2007 y sabiendo que la CICIG ya no podría entrar a operar en su gobierno, la GANA y varios partidos se apresuraron a ratificar su creación, teniendo como principal y más evidente opositor a la CICIG en el Congreso, al diputado de la UNE, César Fajardo. Cuando Carlos Castresana fue nombrado jefe de la CICIG lo primero que hizo fue reunirse con los dos candidatos que habían avanzado a la segunda vuelta, el objetivo, asegurar el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición; y tal como era de esperarse tanto Colom como Pérez Molina ratificaron su compromiso.

La CICIG contraía ya un enorme interés y peso político. El gobierno de Álvaro Colom contraía no sólo la responsabilidad de cooperar con la Comisión sino el peso de ser el primer gobierno a nivel mundial que admitía a un organismo extranjero de esta especie para depurar su estructura Estatal, la mirada de la Comunidad Internacional estaba puesta sobre la manera en que se desarrollaría esta relación.

Tanto Álvaro Colom como Carlos Castresana iniciaron su mandato en 2008, conforme los meses fueron pasando empezaron a salir a luz las deficiencias del gobierno de la UNE especialmente en torno al tema de seguridad; la CICIG por su parte empezaba a presentar los resultados que grupos de poder interesados en señalar su inoperatividad exigían. Hasta la fecha la CICIG es querellante adhesivo en siete casos de alto impacto y ha promovido la depuración de mil setecientos agentes de la Policía Nacional Civil, entre los que figuran el pasado director y subdirector de la institución, además ha trabajado la destitución de 10 fiscales, casos sin precedentes en la justicia guatemalteca. Todos estos logros son los puntos más sobresalientes en materia de justicia durante la actual gestión, por lo cual Colom sigue manteniendo su posición de “completo apoyo” a la Comisión.


Amor mal pagado: ¿Qué hubiera sido de Colom sin la CICIG?
Dentro de este apoyo dado por parte del gobierno a la Comisión se creó el 2 de marzo  la Comisión Presidencial para el Acompañamiento y Respaldo de la CICIG, señalada por muchos sectores de servir como mero adorno y aumentar la burocracia dentro del Estado. Este apoyo que el mandatario manifestaba en todos los medios de comunicación no se evidenciaba de manera clara en la labor legislativa del partido oficial. Castresana exigía del Congreso de la República la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, la cual era parte del proyecto para transparentar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“La aprobación inmediata de esta ley, en la humilde opinión de esta comisión, es una prioridad absoluta”, declaraba Castresana a los medios de comunicación, sin embargo, en ese momento Álvaro Colom aseguraba que su “esfuerzo parlamentario es darle prioridad absoluta a la reforma fiscal; hasta que no salga, no vemos otras iniciativas”. Las disputas por la aprobación de la iniciativa de ley venían de meses atrás sufriendo en repetidas ocasiones el riesgo de ser desechadas.

En medio de este ambiente de falta de apoyo por parte de los legisladores se sucede uno de los mayores golpes que ha recibido el gobierno de Álvaro Colom, un video póstumo del abogado Rodrigo Rosemberg sale a luz responsabilizándolo por su asesinato y señalando también a Sandra Torres y otros funcionarios de gobierno. Sectores de la sociedad civil y la mayoría de grupos de poder político se lanzaron apresuradamente a pedir la destitución del mandatario. Ante la falta de respaldo, Colom se defendía como podía y sabiendo del desprestigio del MP, optó por solicitar que la Cicig tomara el caso. Castresana aceptó bajo la condición de que existiera total libertad de investigación y respaldó al Presidente exigiéndole calma a la sociedad. Analistas señalan que sin el respaldo de la comunidad internacional y la vinculación investigativa de la CICIG, el futuro político de Colom podría haber sido otro. Pocos días después de que la CICIG tomara la investigación del asesinato del abogado, el 22 de mayo fue aprobada finalmente la Ley de Comisiones de Postulación.

Un Congreso poco cooperante
Ha sido dentro del Organismo Legislativo donde la CICIG más ha carecido de apoyo y donde más ha sido criticada desde su comienzo, basta citar, las duras críticas por parte de diputados del FRG y del partido Unionista que desde antes de su consolidación se mostraban reacios ante un proyecto que calificaban de intervencionismo extranjero.

A pesar de los resultados presentados por la CICIG al cumplir dos años de trabajo en el país, los legisladores tardaron en ratificar la extensión del mandato de la Comisión, que si bien no era necesaria legalmente, servía para mostrar internacionalmente la voluntad política para consolidar el proceso. Una comitiva de embajadores de distintos países estuvieron presentándose al Congreso como medida de presión, en varias de estas ocasiones el pleno no se presentó e incluso llegó a armar un incidente bochornoso recordado por el vaso de agua que la diputada de León le lanzó a Mario Taracena en medio de una disputa entre varios de los congresistas. Luego de la batalla campal y ante la indignación y presión de la sociedad el mandato de la CICIG fue prorrogado por dos años más.

Al igual que lo sucedido con la Ley de Comisiones de Postulación y la prórroga del mandato de la CICIG, varias propuestas han tenido que esperar para que el Congreso muestre voluntad de cooperación, tal ha sido el caso del programa de escuchas telefónicas, las mejoras al programa de protección de testigos, los cambios a la ley de armas y municiones, cambios en el código penal, la ley contra la delincuencia organizada, entre otras tantas propuestas. Luego de semanas intensas de cabildeos y con la aprobación del Ley de la Franja Transversal del Norte como fondo, el 5 de agosto, a casi 6 meses de que fueran presentadas las propuestas por la CICIG, algunas de estas al fin fueron aprobadas.

Enfrentados por los Magistrados
Paralelo al inicio de la elección de candidatos para Magistrados, las leyes propuestas por la CICIG nuevamente se volvieron a estancar en el Congreso. En septiembre Castresana alcanzó uno de sus mayores logros al detener a los presuntos autores materiales de la muerte del abogado Rosenberg, Colom eufórico declaraba que una vez se probara su inocencia demandaría a quienes lo acusaron por calumnia y sedición; y en gesto de agradecimiento declaraba: “La Cicig extralimitó su mandato… garantizó el Estado de Derecho y la Democracia en mayo”. Esta vez pareciera que el agradecimiento de Colom se quedó en las declaraciones ya que las leyes promovidas por la CICIG hasta la fecha no han avanzado.

Dándole acompañamiento al inicio de la labor de las Comisiones de Postulación, Castresana se pronunció en el mes de septiembre para señalar supuestas negociaciones y compra de voluntades dentro de la labor examinadora de las comisiones, resaltó el hecho de que integrantes de las postuladoras tenían familiares como aspirantes y que dentro de los candidatos examinados existían abogados involucrados en adopciones ilegales y defensa de narcotraficantes.

“Comparto con Castresana que no puede haber candidatos con señalamientos”, comunicó Álvaro Colom a los diversos medios mientras, dentro de las comisiones se desataba un descontento por los señalamientos del Comisionado llegando a exigir del jefe de la CICIG, datos concretos en cuanto a sus observaciones. A esta petición se sumaba dentro del Congreso, la diputada Nineth Montenegro. Entre los rectores que dirigían las postuladoras, Félix Serrano, comentaba que se había citado a Castresana en varias ocasiones, donde bien pudo haber dado datos concretos, pero que nunca se había hecho presente; por otra parte se rumoraba que Castresana había tenido reuniones con miembros de las Comisiones en hoteles capitalinos.

Una vez llegada la lista de aspirantes al Congreso el malestar terminó de estallar. Castresana señaló que en esa lista había personas no aptas para el cargo y ante las peticiones, hizo públicos los nombres. Los diputados de igual manera eligieron a varios de los candidatos tachados por Castresana. Al respecto Mario Taracena, del partido oficial, dijo: “la metió por que se dejó llevar por chismes y no tuvo ninguna sustentación a la hora que el Congreso lo llamó; y en lugar de venir y enfrentarlos y orientar… lo que hizo fue tirar la piedra y esconder la mano”. Los medios, la comunidad internacional y la sociedad exigían la invalidación de la elección y el Presidente, Álvaro Colom, de manera leve, manifestaba el apoyo a los diputados y criticaba a la CICIG por no haber aportado pruebas desde iniciado el proceso, “que se respete la elección” dijo en repetidas ocasiones a la prensa nacional.

Con la presión mediática encima, la elección se repitió removiendo a tres de las personas elegidas en primera instancia. Castresana manifestó que si bien la elección no había sido del todo idónea era un avance para iniciar los cambios y la depuración de intereses dentro del Organismo Judicial, sin embargo, para el siguiente proceso de postulación la CICIG ya no estará en el país. Desde ya, Castresana, asegura que no debe volver a prorrogarse el mandato de la CICIG ya que nuevamente “el enfermo se acostumbraría a andar con muletas y nunca caminaría”. La Comisión aún tienen una tarea muy larga en cuanto a la depuración del Estado, desmantelar grupos paralelos, y el desarrollo de un mejor sistema de Justicia, tarea que se volverá difícil si tal y como ha sido la constante de este gobierno, el apoyo se queda del diente al labio; si el apoyo sigue siendo mera máscara y de fondo no hay voluntad política de cambio, ni deseos de sacar esta relación adelante.

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