Por: Mauro Casasola

El clima de inseguridad que cobra la vida de al menos 20 personas al día, ha causado un estado de alerta e incertidumbre permanentes en la población. Mientras la PNC sufre convulsiones debido a factores tanto externos como internos, una verdadera transformación integral se encuentra aún lejana. Ante esta situación se abre un mercado que es astutamente aprovechado por las 147 empresas de seguridad privada autorizadas por el Estado.  

 

 

La seguridad privada tiende a ser un paliativo al caos generado por una seguridad estatal deficiente. Puede considerarse el efecto en una cadena de causas, empezando por la crisis económica que genera desempleo y pobreza, ambos repercuten en delincuencia; la cual no puede ser manejada por un Estado que se encuentra tanto en crisis institucional  como padeciendo los efectos mismos de la recesión; así el fenómeno se sale de control.

Claramente, la población, el comercio y la industria, se encuentra con la necesidad de resguardar su integridad física y patrimonial, y es con el surgimiento de esta necesidad que se abre un mercado. Como consecuencia, las empresas de seguridad  privada son de las pocas que crecen durante esta crisis, acumulando una fuerza conjunta de 28 mil elementos armados, alarmantemente, número mayor a los 23,286 mil elementos con los que cuenta la PNC.

No obstante, el Lic. Luís Orellana, ejecutivo de Wakenhut Guatemala, perteneciente al grupo internacional de seguridad  G4S,  señala que no sólo del caos se nutren dichas empresas, ya que en el primer mundo se dedican al transporte y custodia de valores y establecimientos que por su naturaleza lo requieran, como los bancos. No obstante, en nuestro país no es extraño ver un guardia en cualquier pequeña o mediana empresa o incluso, últimamente, en la tienda de una esquina, la librería de cualquier modesta colonia y el servicio de transporte público.

Conformando una  carga económica para tambaleantes empresas que contribuyen con  impuestos al Estado y por lo tanto, pagan doble por un “bien intangible” que en la mayoría de casos, no están recibiendo. Al respecto, el señor Orellana  ilustra: “El negocio ha crecido, sin embargo, (la inseguridad) nos ha afectado más, ya que el nivel de delincuencia que existe nos afecta tanto a nosotros como a los mismos empresarios que nos contratan.”

Entre esos efectos mencionados, destacan  lamentables bajas humanas y el número de armas  robadas (480), registradas a nombre de las empresas de seguridad  y que según la subjefa de la Supervisión de Empresas de la Seguridad Privada de la PNC, Brenda de León: “han sido robadas por los propios elementos de seguridad privada”.

Como argumento, estas empresas afirman que el proceso más costoso es precisamente, la selección y capacitación del personal; simplemente la cantidad de efectivos es inmanejable (sólo en Wakenhut son 5 mil 400 guardias), y a menudo los cursos de capacitación son “intensivos”, lo que significa que se capacitan una sola vez (durante aproximadamente dos semanas), en toda su carrera. Cómo resultado, las empresas no pueden garantizar el comportamiento idóneo de cada elemento, por lo cual, según el señor Orellana: “Ellos saben que si actúan en cumplimiento de su deber tendrán el respaldo de la empresa, y que si actúan irresponsablemente serán entregados a las autoridades.”

Esta política fue creada a raíz de incidentes en que los mismos agentes cometen crímenes en los establecimientos que están llamados a proteger, o incurren en imprudencias tales como el lamentable hecho, ocurrido en julio del 2009, donde en un enfrentamiento entre dos guardias asignados a  la Embajada de EE.UU., falleció  uno de ellos, Mariano Saguach, cuando en un puesto de control en las inmediaciones de la embajada, un guardia le dispara a otro en el vientre en horas de la madrugada.

La explicación de la  empresa que los había contratado, Wakenhut de Guatemala: “No sabemos con exactitud qué pasó, fue un accidente, ellos no tenían que manejar el arma a esas horas. Desgraciadamente, es difícil de determinar. Una de las personas está muerta y la otra está siendo juzgada por las autoridades. En nuestro trabajo nos puede pasar, como un jardinero se corta con su machete.”

Es importante señalar, que la diferencia entre un accidente y una tragedia es un arma, por lo que no se puede descalificar la gravedad de ésta y todas las situaciones en que la “solución” que este costoso servicio  proporciona,  sobrepasa incluso la perniciosidad  del problema. Es por esto que en un “mercado” de seguridad saludable, el Estado debe satisfacer esta necesidad con los medios obtenidos a través de los impuestos, y así la seguridad privada se puede dedicar  a custodiar con excelencia, bienes y personas excepcionales que así  lo requieran.

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