Guatemala, Abril de 2010

 

 

Se ha dado la luz verde para la extradición de Alfonso Portillo, en un caso que sentará precedentes no sólo en materia de derecho internacional, sino sobre las faltas y fortalezas del sistema de justicia de Guatemala. Ahora, ante la aparente sorpresa de su primer derrota, la defensa del ex presidente tratará de retrasar la extradición, e incluso evitarla,  en base a recursos establecidos en la ley de amparos, cuya modificación está pendiente desde el año 2008, cuando Carlos Castresana, representante de la CICIG en Guatemala presentó a la bancada oficial, precisamente para evitar este tipo de situaciones.

 

Durante la audiencia celebrada el pasado miércoles 17, el ex mandatario señala en su defensa que es víctima de un juicio "eminentemente político", denunciando: 'Yo fui el único presidente centroamericano que no firmé la carta y no apoyé la invasión (a Irak) y eso me están cobrando. Es un revanchismo, una venganza y un odio personal” Por otro lado, alegó que el Estado de Derecho de Guatemala,"está pisoteado, golpeado, debilitado y destruido por una comisión internacional intervencionista". Ante lo último, la CICIG  comentó a este medio: “Como CICIG estamos esperando simplemente  que se siga el proceso normal de justicia, tal y como se espera en el país.  Es normal que debido a la importancia del caso se suciten este tipo de reacciones por parte de la defensa.”

Finalmente, tras una larga deliberación, el tribunal consideró procedente la extradición, causando el asombro de allegados al ex mandatario, como el Lic. Francisco Reyes López, quien comentó en ese momento: “No concuerdo con la resolución del tribunal, que dictó la aplicación de una norma penal de forma retroactiva y eso no es procedente en ninguna parte del mundo, además de eso las convenciones existentes entre Guatemala y EEUU no contemplan ese  delito y la solicitud de extradición no se fundamentó en una prueba contundente.”

La defensa también reclamó el resultado, las palabras del Lic. Telésforo Guerra denotaban indignación y desconcierto: “Pero, ¿dónde quedó la excepción de inconstitucionalidad que nosotros planteamos?, tenían que haberse pronunciado con relación a esa excepción y tenían que haber frenado el proceso hasta que se resolviera la excepción. Sin embargo, vemos en primer lugar la presión de una potencia internacional interesada en la extradición, y en segundo lugar  las fuerzas económicas que están detrás, que han financiado a la fiscalía de Nueva York, y al investigador mismo, quien extemporáneamente, inició una investigación y sobre esa base se hizo la acusación.” El mismo, agregó luces sobre su estrategia a futuro: “Lo que toca está en manos de la honorable sala jurisdiccional del recurso de apelación.”

En el gremio de abogados está dividida la opinión, en cuanto a si aun es posible lograr evitar la extradición, considerando la interposición de recursos es una posibilidad, dependiente del planteamiento. Lo que es seguro es que aun falta tiempo para que Guatemala se despida de Alfonso Portillo, ya que en un proceso de esta naturaleza se admite una apelación ante la Corte de Apelaciones, que planteándose excepciones, escusas, recusaciones e inclusive, otra inconstitucionalidad, puede durar de 2 a 3 años. Posteriormente procede el recurso de Amparo planteado ante la C.S.J., que con el planteamiento de ocurso puede hacer que se retrase hasta 2 años. Posteriormente, cabe la posibilidad de plantear una Apelación del Amparo ante la C.C., lo que puede demorar el proceso 1 año más. Finalmente, existe el recurso de Aclaración y Ampliación ante  la misma C.C., que puede durar 1 mes y medio. Como dato relevante, existe un contrapeso en el mismo sistema: “Zarate es de la misma línea de florido, de la Gana, que le tienen tirria a Portillo y van a tratar que rachasen sus recursos, van hacer ver que están retrasando el proceso. Todos saben que en el fondo florido tiene influencia en Zárate.” Señaló un empleado del O.J. que solicitó reservar su identidad. A pesar de esto, en teoría, el tiempo ganado puede llegar a sumar más de 6 años, debido fundamentalmente a la demora de la reforma a la Ley de Amparos.

“Este caso hace que se llame la atención nuevamente sobre la necesidad de aprobar las reformas a la Ley de Amparo. Definitivamente en el Congreso no hay voluntad política y justamente este tipo de cosas demuestran que los diputados no tienen ningún interés porque saben que hay gente importante involucrada en actos de corrupción de este mismo tipo y quieren seguir teniendo este tipo de instrumentos legales vigentes. El amparo sigue siendo la herramienta preferida para retrasar los procesos.” Comentó al respecto el diputado independiente Aníbal García.

La necesidad  de esta iniciativa radica en  agilizar el proceso de amparo, eliminando el retraso y la capacidad de interponer obstáculos por parte de las personas involucradas en procesos. El martes 23 de septiembre de 2008, Carlos Castresana entregó un paquete de reformas a Mario Taracena, en las que se incluía la Iniciativa 3319, modificaciones a la Ley de Amparos. Esta misma se convirtió posteriormente en el punto 91 del  eje IX de la agenda legislativa a la que se comprometieron las partes participantes en el Acuerdo Nacional para el Avance en Materia de Seguridad y Justicia; sin embargo dicho cuerpo legal sigue estancado en el Congreso, pendiente de pasar a tercer debate, a pesar de tener dictamen favorable desde el 2008. Lo que denuncia el diputado oficialista, Roberto Kestler: "En el corto plazo no creo que se den las modificaciones a la Ley de Amparos debido al uso desmedido de la técnica parlamentaria de la oposición, las estrategias dilatorias como el voto nominal dejan clarísimo que éste no es un tema legislativo sino una obstrucción parlamentaria.”

McFarland, fungió como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos durante la gestión de Portillo, junto a los embajadores Prudence Bushnell y John Hamilton. Públicamente  fue atacado por Alfonso Portillo, el cual lo acusó, entre otras cosas, de enviar informes falsos a Washington.  McFarland anunció en el 2002, la descertificación del gobierno de Estados Unidos al gobierno Guatemalteco, por su poca efectividad en la lucha contra el narcotráfico.

Esta postura significa para algunos un giro sospechoso, atribuido al mismo McFarland, ya que durante los primeros dos años Estados Unidos apoyó al gobierno de Alfonso Portillo, al extremo que, a manera anecdótica, cabe señalar el rumor de un amorío entre Prudence Bushnell y el carismático líder político, hasta el momento que ésta fue trasladada a otro país en el 2002. Bajo el nuevo liderazgo de John Hamilton como embajador, McFarland presiona a Portillo y exige al gobierno la resolución de temas tales como lucha contra el narcotráfico, la impunidad y derechos humanos, el  apoyo al ejército y los negocios ilícitos. Extrañamente, es en medio de esta situación, que McFarland abandona el país, en el 2003.

En marzo del 2008, Stephen McFarland regresa a Guatemala como embajador, el 8 de marzo, apenas 3 días después de su regreso, señala en una entrevista que se encuentra extrañado que Alfonso Portillo se encuentre todavía en libertad.

A propósito de  los citados comentarios del Ex Presidente durante la última audiencia de su juicio la Embajada de Estados Unidos se pronunció ante Revista …Y qué?:

 “Tenemos conocimiento  que un tribunal guatemalteco ha emitido un veredicto para aprobar la extradición de Portillo a los Estados Unidos después de que sean resueltos los cargos que se le imputan en Guatemala. Esto marca un importante paso para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho.  No hay ninguna veracidad en los comentarios hechos por Portillo sobre el Embajador de los Estados Unidos en Guatemala.”

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