Guatemala, Junio del 2010

 

La reformada ley estipula que los alcaldes no pueden adquirir deudas que sobrepasen más allá de los 4 años de su gestión, además, crea la oficina de la mujer para brindarle espacios de participación ciudadana en Cocodes, Comudes y otros Consejos de Desarrollo. La reformada ley permite a las municipalidades que cobren por el uso de suelo y por autorizar canales de televisión por cable, además no las obliga a pagar el precio de sus publicaciones en el diario oficial y pueden crear un juzgado especial para hacer cumplir la ejecución de sus ordenanzas. Entre los efectos que trae la reformada ley está el que las comunas tendrán que ponerse las pilas con la recaudación de impuestos detallan los propios alcaldes. A pesar de todo lo que implica la reforma, su aprobación fue el resultado de misteriosas negociaciones entre la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), el Ejecutivo y las distintas bancadas.

 

Desde un inicio, diversos sectores manifestaron su interés por aprobar las reformas al Código Municipal. Para lograrlo se registró una iniciativa en el Congreso bajo el número 3939, propuesta hecha por el diputado de la GANA Juan Francisco Cárdenas Argueta, el mismo que preside la Comisión de Asuntos Municipales. La reforma se encaminaba a  restar fondos de las municipalidades más grandes para que las comunas pequeñas tengan de donde echar mano, refiere Aníbal Godoy, alcalde de Yupiltepeque, Jutiapa. La municipalidad capitalina, por ejemplo, tiene unos ingresos tremendos y nos quiere quitar más, entonces allí es donde no estamos de acuerdo, enfatiza Godoy. De tal manera que en principio la iniciativa generó escozor en la bancada del partido unionista que mantiene la alcaldía capitalina. Por otra parte, apoyado por el Ejecutivo, las bancadas UNE, GANA y FRG en compañía de la ANAM veían la oportunidad de fortalecer el poder distrital con vistas al próximo proceso.

Las corridas fuera del Congreso

Pese a que las negociaciones y cabildeos debieran hacerse ante los ojos de la vista pública y siendo el Congreso el sitio para realizarlas; las reuniones para debatir la 3939 ocurrieron en diversos puntos de la capital. Los intereses se hicieron más evidentes en las fechas próximas para la discusión en el pleno, por ejemplo durante la celebración del taller “Comunicación Política de Guatemala” organizado por la ANAM, su presidente, Guadalupe Reyes, dijo abiertamente “me voy a reunir con Álvaro Colom ahorita”, luego los otros alcaldes presentes calificaron a la premura de Reyes como las corridas del presidente de la ANAM entre un grupo y otro. Dos horas más tarde Rolando García Charoc, alcalde de San Juan Alotenango, Sacatepéquez regresaba a la reunión y comentaba ya estuvo muchá, ya nos pusimos de acuerdo con el Presidente, con los unionistas y con las bancadas, y ya está (la reforma 3939) para el martes.

Para el día de la aprobación, el diputado unionista Pablo Duarte se mostraba abierto a la aprobación a la menor brevedad. Toda la semana pasada nos reunimos con la ANAM y ya estamos absolutamente de acuerdo. Aunque se le inquirió sobre los acuerdos alcanzados Duarte se limitó a decir que encontraron una fórmula en la que combinamos el situado constitucional con volver a darle dinero a las empresas municipales, estoy hablando de EMETRA, de EMPAGUA, etcétera. Sin embargo, el verdadero acuerdo se consolidó ese mismo día, cuando se benefició económicamente a los programas de “Paradas Seguras” y tarjeta prepago de la municipalidad capitalina, mediante la exoneración de impuestos a los empresarios del transporte urbano y extraurbano. A la hora de la hora, ni siquiera la bancada Patriota se opuso a la reforma ya que unas horas antes de entrar a discutir la iniciativa, Roxana Baldetti, luego de haber afirmado que de aprobarse las reformas se podría contravenir a la Constitución Política, asistió a una reunión con decenas de alcaldes en el Parque de la Industria.

Lo que se puede esperar de la Ley

Aún falta ver el efecto que la ley tendrá en los bolsillos de la población, dado que la misma en su artículo 119 habla del situado constitucional. El situado constitucional es la cantidad de dinero del erario público que se transfiere hacia las municipalidades año con año. La reformada ley estableció un nuevo cálculo matemático para distribuir los fondos, el 30% del situado constitucional será otorgado según la cantidad de pobladores, el 35% en partes iguales entre todas las comunas, el 10% distribuido según la cantidad de aldeas y caseríos, y el 25 % según los ingresos propios per cápita, este último porcentaje está en relación con la cantidad de impuestos que recaude la comuna. El uneísta Abel Sandoval, alcalde de Oratorio, Santa Rosa, lo confirma: lo que tenemos que hacer los alcaldes es ponernos las pilas en la recaudación de impuestos porque si no tenemos ingresos no tendremos mayor situado constitucional. Por otra parte, las reformas lejos de beneficiar a las comunas pequeñas terminaron restringiendo la creación de nuevas municipalidades, un fenómeno que había venido en aumento en el interior del país. Ahora para que un territorio pueda aspirar a ser municipio deberá tener como mínimo 20 Mil habitantes.

Este tipo de reformas a la ley se justifican bajo el ideal de que el gobierno municipal, por ser el más cercano al ciudadano estará más expuesto a ser supervisado. No obstante, cabe cuestionarse si este poder otorgado a los jefes ediles en detrimento de sus ciudadanos  y que correspondió a intereses partidistas, no representará un obstáculo para la auditoria social y un incentivo para el uso de arbitrario de autoridad.

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