Por Gabriel Woltke y Pedro Boche
 
Durante el actual gobierno la incidencia política de las organizaciones civiles parece haberse incrementado. De las manifestaciones ocurridas durante la crisis por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, surgió el Movimiento Cívico Nacional (MCN), que llegó incluso a recolectar firmas para exigir la destitución del Presidente. Luego, con la puesta en marcha de la Ley de Comisiones de Postulación, las organizaciones civiles jugaron un papel fundamental en la elección de Corte Suprema de Justicia y Fiscal General, tachando candidaturas y logrando incluso, que los procesos eleccionarios fueran repetidos.

Estos últimos marcos de incidencia, fueron los que abrieron un debate en el que participaron, desde funcionarios hasta columnistas de medios de comunicación, en torno al papel que juegan las organizaciones civiles, el malestar era tal dentro de algunas esferas, que al ser cuestionado el diputado Santiago Nájera sobre el papel de las organizaciones, este respondió no quiero hablar de ellos, aún estoy muy dolido por lo que le hicieron a mi hermana, en alusión a los señalamientos que algunas organizaciones hicieron contra la candidatura de Thelma Nájera hacia la CSJ. A continuación, abordamos las principales cuestionantes de este debate sumamente importante para la madurez de nuestro sistema democrático.

¿Son las organizaciones nuestras representantes?

Las organizaciones evolucionan al mismo ritmo que cambian las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, durante los años del periodo revolucionario, la organización sindical tuvo un auge ya que era considerada como referente de vanguardismo y modernidad política. La guerra interna terminó con el poder de movilización de organizaciones como la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). A la vez, otras organizaciones se fueron constituyendo en torno a la figura de algunas víctimas del conflicto, para la lucha por los derechos humanos. En el marco del fin de la guerra y la  Firma de la Paz se constituyen las tres organizaciones más fuertes, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en 1984; la Fundación Rigoberta Menchú (FRM) en 1992; y la Fundación Myrna Mack en 1993.

Estas organizaciones que se empezaban a formar, llenaban el vacío generado en las relaciones democráticas por la fuerte política represiva del Estado, que había terminado por infundar el temor a  la libre expresión y la participación política en los ciudadanos.

Por su parte Mario Minera, Director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), señala que las mayores organizaciones civiles deben ser los partidos políticos ya que son electos para representar y son financiados con el aporte constitucional, ellos deberían ser los promotores y portadores de valores cívicos. Agrega que en democracias más desarrolladas las organizaciones no juegan el mismo papel que en Guatemala, debido a que las demandas sociales sí son transmitidas directamente por los partidos, dejando estos a un lado los intereses particulares.

Para el diputado Mario Taracena, a las organizaciones se les ha pasado la mano, pero algún día ambos bandos maduraremos. Para el politólogo Carlos Orantes las organizaciones comparten la misma inmadurez política de los partidos, se dejan llevar por arrebatos puramente ideológicos, sin embargo, en nuestra democracia hay comunidades que ya empiezan a dar muestras de madurez organizacional, tales como los habitantes de Totonicapán.  

Cabe resaltar que al ser cuestionados los dirigentes de las diversas organizaciones afirman que no son representantes de la sociedad civil y que el término ha sido adjudicado por los medios de comunicación. Sólo somos una expresión de la sociedad, señala Paul Menchú, de la FRM. Nosotros ni siquiera somos sociedad civil, somos ciudadanos organizados a los que se pueden unir más ciudadanos, comenta Alejandro Quinteros del MCN.

¿Cómo puede un ciudadano hacerse escuchar a través de las organizaciones?

El debate en torno a si las organizaciones son o no representantes de la sociedad civil, conlleva también el cuestionamiento en torno a si es posible que un ciudadano incida en procesos como la elección de Fiscal a través de las organizaciones. Paul Menchú, de la Fundación Rigoberta Menchú, menciona que los ciudadanos pueden acoplarse a la organización que se adecue a su demanda -derechos humanos, transparencia fiscal- e integrarse a ella, pero no deben esperar a pertenecer a una organización para hacer valer sus derechos.

En los roles del juego político las organizaciones sociales se distinguen por aquellas cuyo trabajo se basa en la incidencia política y aquellas que buscan la movilización. Para las primeras resulta fundamental su base académica y con ella aprovechan para conseguir derechos y garantías ciudadanas; para las segundas es fundamental la capacidad de reunir voluntades y luchar por conservar las garantías ya conseguidas, debido a ello estas son las que suelen estar más abiertas al ciudadano común.

¿Pueden esconderse intereses oscuros detrás de las organizaciones civiles?

Maité Rico y Beltrand de la Grange son los autores del libro “Quién Mató Al Obispo”, el cuál es el resultado de una investigación realizada en torno al caso Gerardi, la que denunciaba intereses políticos de la ODHAG detrás del juicio por el asesinato del sacerdote. Rico y De la Grange también son los autores de un documento titulado: El Poder Paralelo de las ONG en Guatemala. Ambos señalan en torno a la labor de las organizaciones civiles:

Además de haberse convertido en un modo de vida, la bandera de los derechos humanos es hoy, en Guatemala, un instrumento de poder que sirve para ajustar cuentas con el pasado y para incidir en la política del presente... Gracias al beneplácito sin fisuras de la comunidad internacional, los grupos de derechos humanos de Guatemala imponen agendas, intervienen en nombramientos y destituciones y participan en la vida política sin necesidad de pasar por las urnas. En los tribunales se quejan en voz baja de la presión de este lobby, que suele dirimir los procesos en la prensa y que puede acabar con la carrera de jueces y fiscales.
    
Así como se les critica a las organizaciones civiles de ser utilizadas para las venganzas de antiguas figuras guerrilleras, se les acusa de que sus luchas muchas veces responden a poderes políticos y económicos. Es interesante también cómo los fundadores de las tres agrupaciones políticas que surgieron en el tema de los derechos humanos durante la guerra, hoy poseen partidos políticos o cargos dentro del Estado. Un analista que pidió se protegiera su identidad, señala que ningún grupo que participe en política está exento de estar influido por grupos de poder, el poder económico, el poder político, una vez vea a alguien con cierto grado de protagonismo buscará utilizarlo para sus propios intereses, y como ejemplo, allí está el caso de Ramiro De León Carpio; refiriéndose a cómo la Procuraduría de los Derechos Humanos le sirvió a De León Carpio como plataforma para posteriormente ser nombrado Presidente para un delicado período de transición.

Por otro lado, el antropólogo y ex guerrillero, Mario Roberto Morales, acuñó la frase “la industria del victimismo”, para referirse a la manera en que algunas organizaciones llegan a presentar panoramas más graves del país con el fin de justificar su labor y obtener mayor margen de incidencia y mayores financiamientos. El documento de Rico y de la Grange, presenta entre otros los siguientes casos concretos: En el 2001 es asesinada la misionera Bárbara Ford y un ayudante contable de la Fundación Menchú, ambos fueron víctimas de delincuentes comunes, pero los informes los contemplaron como víctimas de los “poderes ocultos vinculados al Ejército”. En el 2002, en vísperas de la visita de la relatora de la ONU, Hila Jilani, se reportaron 250 amenazas recibidas contra organizaciones de derechos humanos, incluyendo la de un pájaro muerto encontrado en el techo del Instituto de Ciencias Penales. La autopsia  hecha por la fiscalía señalaba que el pájaro había muerto por parasitismo.

Actualmente, al emergente Movimiento Cívico Nacional se le señala de haber sido utilizado, y de haberse dejado llevar por intereses sectoriales para a través de la organización buscar la desestabilización política, recolectando firmas para exigir la renuncia del Presidente en medio de la crisis desatada por el caso Rosenberg, sin embargo la organización afirma que todo lo que han hecho ha sido en el marco de la Ley.  Por otra parte, un analista consultado, afirma que las 8 organizaciones agrupadas en la Convergencia por los Derechos Humanos, tenían un interés en la reelección del Fiscal y que debido a ello, hasta el último momento, cuando vieron que no sería reelecto, decidieron intervenir en el proceso. Misma opinión comparte el diputado Pablo Duarte, lanzan acusaciones falsas porque no quedan los que ellos quieren, los que les van a dar trabajo, por eso entonces pelean contra todo lo que pueda ganar que no responda a sus intereses. Por su parte Mario Minera, de CALDH, señala que no podemos dejar que lleguen allí personas que van a hacer que la impunidad continúe. Nosotros estamos muy claros en nuestro papel y no nos prestamos a intereses sectoriales.

Para Paul Menchú, todas las organizaciones trabajan bajo el interés por hacer escuchar las demandas sociales, detrás de donde sí hay sendos poderes es en las otras organizaciones, las ONGs que son utilizadas para negocios, señala.

Para muchos políticos la presión que ejercen las organizaciones civiles termina por hacer más difícil la gobernabilidad del país, pero, para las organizaciones su trabajo es normal dentro del funcionamiento que debe desempeñar la ciudadanía. Tanto CALDH, como la ODHAG y la Fundación Rigoberta Menchú, señalan que la mayoría de organizaciones tienen como objetivo principal hacer incidencia, y esto implica procurar el cambio de la clase política y el fortalecimiento del sistema. Paul Menchú concluye: aún tenemos unas costumbres autoritarias de gobierno, deben reconocer los aportes de la sociedad civil, porque si existe diálogo pueden haber futuros mejores.

Las organizaciones civiles con mayor incidencia en el país

El Grupo de Apoyo Mutuo es conformado en 1984, cuando, tras la desaparición de  su esposo, Fernando García, Nineth Montenegro y otras madres, esposas e hijas de personas desaparecidas se organizan para denunciar estos hechos. En la actualidad Montenegro es diputada y Secretaria General del partido Encuentro por Guatemala.

La Fundación Rigoberta Menchú es constituida en 1992 utilizando el capital económico que recibió Rigoberta Menchú a raíz del Premio Nobel de la Paz. Menchú es hija de Vicente Menchú, líder campesino que murió en la quema de la Embajada de España en 1981. La fundación trabaja tanto en el tema de los derechos humanos como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Menchú, fundó el movimiento Winaq con el cual buscó, en alianza con Encuentro por Guatemala, la presidencia durante las elecciones pasadas.

La Fundación Myrna Mack, fue creada por Helen Mack para trabajar sobre la lucha por esclarecer el asesinato de su hermana, la antropóloga Myrna Mack, en 1993. Trabaja en la elaboración de estudios y propuestas orientadas a impulsar la lucha contra la impunidad, la consolidación del Estado de Derecho y la consolidación de la paz y la democracia. Helen Mack es ahora Comisionada para la Reforma de la Policía.

Fundación Sobrevivientes nace en 2003 con el objetivo de contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la niñez. Ejerce incidencia a través de la propuesta en los temas de seguridad, legislación y acceso a la justicia. Durante el 2008 informan haber atendido el seguimiento de 19 mil casos y haber cubierto 400 audiencias, así como haber logrado el cierre total de 530 casos. La Directora de la Fundación, Norma Cruz, fue galardonada ese mismo año con el Premio Internacional Mujeres de Coraje, del Departamento de Estado de EE.UU.

Movimiento Cívico Nacional esta organización se establece en los días posteriores al asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, recolectando firmas y organizando manifestaciones en pro de la destitución del Presidente. A partir de allí ha venido incidiendo en la elección a cargos públicos y ha mantenido un fuerte enfrentamiento verbal con la Presidencia de la República.

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos. Trabaja en alianzas, incide a través de la observancia, informes públicos y propuestas de fondo sobre los temas de Derechos Humanos.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Es una instancia eclesiástica que aborda el tema de los derechos humanos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia Católica. Busca incidir política, social y jurídicamente. Su trabajo ha sido duramente criticado, especialmente en cuanto a la presión que realizaron sobre el caso Gerardi, jurídicamente anómalo. Muchos obispos reconocen que la ODAH es una oficina de proyección política.

Convergencia por los Derechos Humanos. Agrupa a las organizaciones: Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-; Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos –CIIDH-; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG-; Memoria, Verdad y Justicia –MVJ-; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –UDEFEGUA-; y Seguridad en Democracia –SEDEM-.

Madres Angustiadas es un grupo organizado en 1999 como aparato de denuncia ante la ola de violencia. Conformaron posteriormente la Instancia y Monitoreo a la Seguridad Pública, trabajando en el reglamento disciplinario de la Policía Nacional Civil, fomentando la creación de tribunales disciplinarios, y participando en la discusión de iniciativas legislativas. Una de las figuras principales de la organización, Adela Torrebiarte, fue Ministra de Gobernación y en el 2008 formó la agrupación política Podemos.

Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, fue constituido en el 2000, trabaja en el ramo académico e investigativo, buscando generar legislaciones y respeto hacia el medio ambiente y procurar el desarrollo sostenible. Recientemente ha venido ejerciendo una oposición férrea a la renovación de los contratos petroleros en Petén.

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