Guatemala, Septiembre 2010

Caso Rosenberg, Rivera y Pavón, así como las declaraciones de una ex fiscal han llevado a que la sociedad guatemalteca cuestione la veracidad del trabajo de la CICIG 

Por Gabriel Woltke

Tras la poca visibilidad de su trabajo durante los primeros meses de presencia, algunos sectores empezaron a aplaudir los señalamientos que Castresana hacía de candidatos no idóneos, y otros, empezaban a desconfiar de las supuestas pruebas sobre las que se justificaban los señalamientos. De igual manera, cuando se empezaron a entregar resultados de investigaciones muchos empezaron a desconfiar de las hipótesis de la CICIG.

Los casos increíbles de la CICIG. De los casos donde resultaron señalados altos mandos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación poco se dudó debido a la mala reputación que tienen ambas instituciones. Escenario diferente han sido los casos Rosenberg, Rivera y Pavón, donde se ha puesto en duda la supuesta honorabilidad de la cual gozaban las tres figuras principales de estos casos.

Rodrigo Rosenberg, era ya antes de su muerte un profesional reconocido dentro del gremio de abogados, sin embargo fue su video póstumo lo que le valió una imagen de mártir de la lucha contra la impunidad. Posteriormente las investigaciones, respaldadas por pruebas técnicas y científicas, revelaron que Rosenberg tenía una relación amorosa con Marjorie Musa, y que él mismo había contactado a sus primos, los hermanos Valdés para que contrataran a sus sicarios. Montar su asesinato había sido un intento desesperado de Rosenberg por hacer presión para que las autoridades investigaran el asesinato de su compañera sentimental. La situación resultaba tan novelesca que incluso un reportaje de Telecentro 13 comparaba la hipótesis del caso con el final de la novela Sin Tetas No Hay Paraíso, donde la protagonista principal contrata a sus propios asesinos. Al final según la CICIG, Rosenberg era el autor intelectual de su asesinato y no el Presidente y la Primera Dama como muchos esperaban. Las pruebas que decía tener en el video nunca existieron según la misma Comisión.

Aún quedan preguntas sin respuesta relacionadas al caso Rosenberg:

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Marjorie y Khalil Musa?
¿Cuál fue el resultado de las auditorias en Banrural, si es que estas se realizaron, para corroborar las acusaciones lanzadas por Rosenberg en su video?
¿Por qué a pesar de ser los acusados principales en el video nunca se llevó a la pareja presidencial a declarar ante los tribunales?

Víctor Rivera, había sido asesor en temas de seguridad desde la presidencia de Álvaro Arzú, su trabajo dentro del rescate de personas que fueron víctimas de la ola de violencia que azotó al país a finales de los 90 le ganó el cariño y respeto de gran parte de la sociedad. Las investigaciones sobre su asesinato en 2008, revelaron que el narcotraficante Jorge Mario Paredes lo había mandado a matar. Carlos Castresana antes de irse del país declaró respecto al móvil del crímen: parece que hay una relación antigua entre Víctor Rivera y Jorge Mario Paredes…tendría que ver con el secuestro y muerte del hijo de Paredes, en cuyo secuestro intervino Rivera, presuntamente intentando solventarlo, pero por una diferencia económica entre ambos y con el final fatal de la muerte del adolescente.

Puntos importantes que faltan por resolverse en el caso Rivera:
¿Por qué se permitió que María Melgar, asistente de Rivera que viajaba junto con él el día del asesinato, saliera del país?
¿En qué punto se encuentran las investigaciones respecto al papel del ex fiscal Álvaro Matus?
¿Qué pruebas específicas tenía Castresana para hablar de una posible relación entre Rivera y Paredes?

El caso Pavón: los primeros días de agosto, mientras se gestaba la transición de mando entre Castresana y Dall´Anese, la ex fiscal de la CICIG Giselle Rivera apareció públicamente para declarar ante medios internacionales que muchos casos se encontraban finalizados desde mediados de 2009 pero que Castresana había considerado que no era el momento político para dar a conocer los resultados de las investigaciones (caso Parlacen, Infiernito y Pavón). Una semana después de sus declaraciones, el Juzgado Primero de Alto Riesgo gira orden de captura contra 18 implicados en el caso Pavón por la ejecución extrajudicial de 7 reos. Se ordena la captura, entre otros, de: Carlos Vielman (ex Ministro de Gobernación); Edwin Sperisen (ex Director de la PNC) y Alejandro Giammattei (ex Director del Sistema Penitenciario). Los primeros 2 se encuentran prófugos de la justicia y Giammattei luego de un intento por salir del país solicitando asilo político a la Embajada de Honduras, se entregó denunciando que todo se trataba de una persecución política.

El informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre las evidencias de ejecuciones extrajudiciales parece ser contundente. Dicho informe fue presentado en diciembre de 2006, tres meses después de la toma de Pavón, señalando entre otros hechos los siguientes puntos:

•    Las autoridades del Sistema Penitenciario habrían negociado con Luis Alfonso Zepeda, presidente del Comité de Orden y Disciplina (COD), un pago a cambio de que durante el operativo se respetara la vida de los miembros del COD. A pesar del pago, Zepeda y compañía murieron durante la toma.

•    Testigos coinciden en señalar que, ya sometidos los reclusos, hubo personas encapuchadas que procedían a separar a algunos de entre las filas. Sostienen además que había una lista de entre 25 y 30 nombres de aquellos a quienes se tenía que ubicar y apartar de los demás. Adicionalmente, se portaban fotos de algunos de los presidiarios que había que localizar.

•    La casa donde fue el supuesto enfrentamiento muestra un disparo por ventana y no los daños que podría provocar un enfrentamiento, la ausencia de elementos heridos dentro de las fuerzas de seguridad también pone esto en duda. Afirman que mientras se hacían las ejecuciones las autoridades hicieron sonar cohetillos y posteriormente colocaron en los reos armas y granadas para aparentar que se había producido un enfrentamiento.

•    Algunas de las heridas reportadas por los informes médico forenses son poco coherentes con las que se registrarían en un enfrentamiento a distancia: la presencia de excoriaciones en las muñecas sugerirían que ya los reos se encontraban reducidos por las fuerzas de seguridad. Los moretones en abdomen y piernas en más de uno de los fallecidos hacen suponer que pudieron haber sido golpeados previo a provocarles la muerte.

¿Por qué hasta ahora? Los puntos que le restan credibilidad al caso Pavón son:

¿Por qué si las investigaciones estaban terminadas desde mediados del año pasado la CICIG reactivó el caso justo en el momento de la transición entre Castresana y Dall´Anese, y de cara al proceso electoral?
¿Por qué si Sindy Alvarado, esposa de uno de los reos que se encontraba en Pavón el día de la toma, figuraba en la lista de testigos protegidos de la CICIG, no se le brindó la seguridad necesaria que pudo haber evitado su asesinato en 2009?
¿Por qué si la PDH también encontró anomalías en los reportes médico forenses no se lanzó orden de captura contra funcionario alguno del Ministerio Público?

El rechazo a la figura del colaborador eficaz cada vez se hace más notorio. En el círculo de analistas y penalistas se ha abierto un debate debido a que muchos aseguran que los testimonios no suelen ser del todo confiables debido a que vienen de personas que necesitan obtener beneficios. La población duda también de la confiabilidad que puede tener el testimonio de un delincuente, en el caso Rosenberg los colaboradores eficaces son sus mismos sicarios y en el caso Pavón reos que bien se pudieron haber visto afectados por la toma de la granja penal.

Por esta incredulidad hacia el reo, existe también un respaldo hacia las acciones de Giammattei y la toma de Pavón. El psicólogo Orlando Oliva, señala que existe una conducta de pensamiento según la cual quien comete un delito debe estar privado de todos sus derechos humanos, la población harta de violencia no tiene ninguna consideración para el delincuente. Es por ello que se llega al punto de justificar las ejecuciones extrajudiciales durante la toma de Pavón. El apoyo que con dicha actuación se ganó Giammattei fue tal que lo catapultó al escenario político y fue un hecho fundamental para que consiguiera el tercer lugar en su primera participación electoral para alcanzar la presidencia.

La CICIG que recibe Dall´Anese necesita recuperar su credibilidad. Giselle Rivera en sus declaraciones mencionó: la gente creía en lo que decía Castresana, pues pensaba que era producto de investigaciones. No sabían que eran presunciones sin investigación; haciendo referencia a las acusaciones que Carlos Castresana lanzó contra diversidad de personas sin presentar prueba alguna que lo respaldara.

Según los analistas consultados las declaraciones de Rivera poco afectan a la CICIG por que fueron lanzadas contra Castresana. El analista y sociólogo, Gustavo Berganza refiere que hay que agradecerle a Castresana que entendiera que los problemas de su imagen pública estaban dañando a la CICIG, la llegada de Dall´Anese es una oportunidad perfecta para que reconstruyan su imagen pública. Para Renzo Rosal, analista político, si la Comisión no recupera o fortalece su credibilidad el seguimiento puramente judicial de estos casos podría verse en ciertas complicaciones si se les vincula con una instancia con un nivel de legitimación que ha venido de más a menos.

Una CICIG carente de credibilidad poco puede hacer en nuestro país, la pérdida de respaldo podría llevar a que no se prorrogue su mandato y a que nuevamente fracase un proyecto de ayuda internacional que tenía como objetivo fortalecer nuestro sistema. Para el psicólogo Oliva, hay una situación esperanzadora detrás de la credibilidad que pierden las instituciones y las figuras públicas: en la medida en que nos vamos desencantando se genera un mayor grado de conciencia, cuando la gente llega al escepticismo porque se han caído los héroes con pies de barro se genera una oportunidad de crecimiento social, la gente se vuelve más crítica y se interesa más por fiscalizar las acciones del Estado.

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