Guatemala Julio de 2009
Plan de seguridad tiene sus orígenes en el gobierno de la GANA.

Por: Gabriel Woltke


El agravamiento del problema de la inseguridad dejó en evidencia la falta de capacidad del gobierno para luchar contra la delincuencia y, ante la falta de propuestas propias, se hicieron de un plan formulado, en un inicio, bajo el gobierno de la GANA. Plan que, después de varias intervenciones, sirve de base para crear el Acuerdo Nacional de Seguridad, el cuál sigue presentando serios problemas, mientras que sus acciones concretas, luego de más de tres meses, aún siguen sin visualizarse. ¿Por qué el gobierno de la UNE habría de utilizar las bases de un plan formulado por la administración de la GANA, misma a la que se señalaron de ser permisiva con el crimen organizado y de ser responsable de la debilidad en las instituciones de seguridad?


La promesa de seguridad inteligente

Durante la campaña electoral el ahora Presidente, Álvaro Colom, argumentaba que “la violencia se combate con inteligencia” y que las políticas de dicho combate se encontraban estipuladas en su plan de gobierno. Conforme los meses fueron pasando la credibilidad del nuevo gobierno en materia de seguridad fue poniéndose en duda. Primero con el escándalo de espionaje en casa presidencial, que le costó el puesto al entonces “hombre fuerte” en el tema de seguridad del Estado, Carlos Quintanilla; luego con el crecimiento de las cifras de secuestros, asesinatos, violaciones y extorsiones en el país. Las medidas ineficaces así como los nombramientos apresurados del Presidente (3 ministros de gobernación, 3 directores de la PNC y 4 directores de Presidios) terminaron por evidenciar que los planes que Colom había prometido nunca existieron. Cabe mencionar esta mentira electoral en momentos en que el gobierno argumenta, ante quienes exigen la renuncia del Presidente, que hay que respetar el voto popular.

La crisis en el tema de seguridad se terminó por desatar el 26 de marzo pasado cuando en medio de una jornada violenta, en la que el gobierno señalaba a un marero apodado “el Smiley” como responsable de los hechos, diversas organizaciones sociales y cuerpos diplomáticos exigían del Estado medidas para poder controlar la situación. Ante dichas presiones Colom anunció en conferencia de prensa que presentaría un plan nacional de seguridad. De esta manera se optó por tomar una propuesta de seguridad presentada en enero 2009 por la USAC, la Iglesia Católica, la PDH y la Alianza Evangélica de Guatemala, para poder calmar las demandas y presentar algún resultado rápido.

Según relata uno de los representantes de la Alianza Evangélica de Guatemala, el Lic. Fernando Leal, el Acuerdo de Seguridad tiene sus raíces en una propuesta presentada en diciembre de 2007 por el entonces Vicepresidente de la República, Eduardo Stein, cuyo material fue elaborado en conjunto con el Consejo Asesor de Seguridad. En dicha ocasión la propuesta fue presentada ante la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos. La expectativa generada dentro de estas cuatro instituciones hizo que el documento fuera analizado por sus respectivos grupos técnicos y que se le diera la continuidad necesaria al análisis para ser presentado en enero de 2009 al nuevo gobierno.

En primer momento la propuesta de plan fue casi obviada, pero ante la falta de una propuesta sólida propia, Álvaro Colom terminó por tomar el plan, realizarle unos cambios y constituir a las cuatro organizaciones promotoras en garantes del cumplimiento del Acuerdo Nacional de Seguridad, suscrito por los presidentes de los tres poderes del Estado además del Fiscal General del Ministerio Público, promocionándolo así, como uno de los mayores pactos realizados en la historia del país en materia de seguridad, y como su solución definitiva al problema de la inseguridad y, como siempre, luciéndose con sombrero ajeno.

Las complicadas soluciones para un tema urgente

Una vez presentado el Acuerdo una serie de inconformidades fueron planteadas por diversos grupos, tal es el caso de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, que afirman no haber sido consultados con el tiempo suficiente sobre el proyecto a presentarse. Por otra parte algunas de las propuestas presentadas por la Fundación Myrna Mack tampoco se vieron reflejadas en la redacción final, fruto de ello es que el Acuerdo no contara de manera inmediata con tiempos estipulados para el cumplimiento del mismo.

El Acuerdo Nacional de Seguridad terminó basándose en 10 puntos:

1. Política e institucionalidad para la seguridad
2. Reforma policial
3. Sistema penitenciario
4. Políticas e institucionalidad para la investigación criminal contra la impunidad
5. Administración de Justicia
6. Control de armas
7. Empresas y servicios suplementarios de seguridad
8. Comunicación y participación social
9. Agenda legislativa
10.Compromisos de acciones en conjunto de los signatarios

El marco que exigía la elaboración de un plan de seguridad también exigía soluciones que mostraran resultados de manera urgente ante la problemática de inseguridad, sin embargo todo lo estipulado dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad se encamina hacia la construcción de una infraestructura institucional que bien podría llevar mucho más tiempo del requerido. En cuanto a instancias e instituciones, el Acuerdo promueve la creación de un Ministerio de Seguridad que conlleva al Ministerio de Gobernación a enfocarse exclusivamente en la administración, mientras que queda a cargo de la nueva institución coordinar todos los esfuerzos contra la inseguridad en el país. A esta nueva instancia se suma la creación de otras tales como la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, los Centros Modelos para la Atención Especializada de población en riesgo, el Instituto de Estudios Estratégicos, la Escuela Superior de Estudios Policiales, la adecuación de las instalaciones de Presidios, entre otras tantas instituciones y entre la gran lista de grupos tales como el Consejo Superior de Ética Policiaca y la Comisión Interinstitucional para prevenir las ejecuciones extrajudiciales.

Cuando se aborda el tema de las políticas para seguir invirtiendo en el funcionamiento del Inacif, luego de que esta institución no ha mostrado un desarrollo satisfactorio, las autoridades aducen que “a una nueva institución siempre hay que darle tiempo suficiente para que de resultados”, bajo esa premisa, de la creación de todas las instituciones que el Acuerdo contempla tendríamos que empezar a exigir resultados hasta muchos años después del próximo gobierno. Sin dejar a un lado la nefasta tradición de los gobiernos guatemaltecos, que partido que llega al poder, cambia todo y empieza de cero con sus propios programas y agendas.

 Uno de los temas más delicados gira alrededor de la implementación del Sistema Nacional de Inteligencia y la creación de una entidad especializada para la investigación criminal dentro de la PNC, las cuales estarían dotadas de autonomía de mando y presentan el potencial peligro de ser utilizadas como fuerzas de choque y represión política, actividades de las que ya se ha conocido bastante a lo largo de la historia del país. Siempre dentro del tema de la Policía, se habla de crear una Guardia del Sistema Penitenciario, la cual se uniría a una serie de policías especializadas que pocos resultados han presentado en el país, como es el caso de la Politur, Polimer y Provial. Si se piensa en reforzar la Policía Nacional Civil, carece de sentido estar formando diferentes unidades ya que en la mayoría de países que cuentan con una fuerza policial sólida, ésta se encarga de todo el tema de seguridad ciudadana a través de distintas divisiones.

Dentro de los temas relativos a la policía vuelve al debate la necesidad de eliminar los patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército, argumentando que desde que se optó por sacar al Ejército a patrullar, no sólo se violaron los Acuerdos de Paz sino que además no se presentó ningún tipo de progreso. Considera el grupo garante que los patrullajes conjuntos sólo son una forma de darle una muestra de poder a la población pero que de fondo no tienen ninguna ventaja. Lo que no explica el Acuerdo, es de dónde se obtendrá el personal suficiente para nivelar la baja de elementos que generaría la exclusión de las fuerzas militares.

Por otra parte el Acuerdo suele rayar en lo ambiguo, por ejemplo, al ser cuestionados sobre el tema de la reinserción policial, Nery Rodenas de la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado, explicaba que se trataba de “aquellos elementos policíacos que luego de haber sido depurados por motivos de seguridad, al no vinculárseles a ninguna denuncia legal, y luego de haber cumplido con algunos aspectos de formación, volverán a formar parte de la fuerza policial”; mientras que el Lic. Fernando Leal de la Alianza Evangélica explicaba que la reinserción se refiere a “reacomodar a los policías según la comunidad de la que son originarios”. Cabe preguntarnos, si esta doble interpretación existe entre los miembros del grupo garante, ¿a qué interpretación pública puede dar cabida el documento?

El panorama político complica más la posibilidad de que el Acuerdo se cumpla con prontitud, sólo en el eje referente a la agenda legislativa se contemplan nueve leyes que necesitan ser aprobadas o reformadas, lo cual se suma a las otras leyes y marcos normativos que el acuerdo sugiere dentro de los otros ejes. En un Congreso donde se agudiza el conflicto político y en donde las sesiones se ven frecuentemente suspendidas y donde los debates se ven obstaculizados por las continuas interpelaciones de funcionarios del gobierno parece casi imposible que al menos la mitad, en lo referente a legislación puede lograrse antes de finalizar el año.

Si bien hasta aquí hemos podido analizar de manera breve algunos de las dificultades que presenta el cumplimiento del Acuerdo, hay que tener en cuenta que el mismo encierra dentro de sí la generación e implementación de otra serie de documentos tales como el Plan Estratégico de Seguridad de la Nación, Plan de Relevo Policial, Política Criminal del Estado, Plan Nacional de Desarme. Como se dijo anteriormente, el Acuerdo Nacional de Seguridad fue impulsado por la urgente necesidad de mostrar acciones contra la delincuencia; desde el día que Álvaro Colom prometió seguridad y la mayoría de votantes le creyó, llevamos 18 meses esperando resultados. Cabe preguntarse ¿Cuánto más habrá que esperar para que se implementen los planes que menciona el Acuerdo?

Los vacíos en la Hoja de Ruta y el descontento del G4

Junto a medidas de carácter urgente como la Reforma de la Policía Nacional Civil, se encuentran propuestas como la creación de un Centro para la Memoria Histórica. Este problema de poca definición de prioridades dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad, radica en que el mismo no fue acompañado desde un principio por medidas claras de tiempo, ejecución y cumplimiento de metas, puntos por los que hubo que esperar hasta finales de mayo cuando el Ejecutivo presentó la Hoja de Ruta del Acuerdo, y que generó rechazo por parte de los miembros del grupo garante.

Entre los vacíos que presenta la Hoja de Ruta se encuentran:

•    No presenta acciones ni actividades concretas para el desarrollo del plan, sólo grandes líneas de trabajo.

•    Para la reforma de la policía se propone una comisión de refundación que incluye miembros institucionales y no deja espacio para la participación ciudadana.

•    En el Acuerdo se habla de la creación de una entidad de investigación criminal mientras que la hoja de ruta habla de readecuar la misma.

•    No aparece nada referido al eje que marca la agenda legislativa.

•    Lo referente al Sistema Penitenciario, carece de indicadores de avances y capacidad real de ejecución.

•    El plazo de ejecución va de uno a 30 meses, justamente el tiempo necesario para que finalice la actual administración, lo que ha opinión de los garantes demuestra que no se trata de una política de Estado, sino de una agenda de gobierno.

Estos y otros puntos de desacuerdo generaron tal nivel de molestia entre los miembros del Grupo Garante – G4 - , que ya se empezaba a pensar en la posibilidad de que algunos se desligaran del acompañamiento al Acuerdo. Quizá el tema que más molestó a los garantes fue el relativo al marco presupuestario establecido para el cumplimiento del Acuerdo.

Se habla de una cifra que media entre los Q.1.3 y Q.1.6 MILLARDOS para la implementación de los 101 puntos del acuerdo. Según el Ejecutivo el 99.2% del monto necesario se dirigirá hacia la ejecución de 27 puntos, siendo la creación y adecuación de los centros penitenciarios quienes más recursos necesitarían ya que, según el documento, es necesario para ello Q.350 millones.

La respuesta del Ejecutivo ante las molestias del G4, aducía que la hoja de ruta era simplemente un borrador sobre el cual discutir a través de mesas de trabajo. Una serie de reuniones determinaron la continuidad del acompañamiento de los mismos siempre y cuando se muestre verdadera voluntad del Estado por cumplir el compromiso. La discusión alrededor de los vacíos de la Hoja de Ruta tomó alrededor de un mes de trabajo y diálogo debido a la cantidad de problemas que según los garantes presentaba la misma y a pesar de que trascendió la noticia de que el gobierno había cancelado un total de Q.75 mil para la elaboración de la misma en compañía del Consejo Nacional de Seguridad.

Cabe mencionar que ni en el Ministerio de Gobernación, ni en la SAAS, el Palacio Nacional y la Casa Presidencial conocen la localización de las oficinas del Consejo Nacional de Seguridad, y al ser consultada la Comunicación Social de la Presidencia no pudieron dar una respuesta definitiva sobre si dicho Consejo cuenta o no con oficinas para realizar su trabajo y su asesoría al Ejecutivo sobre la seguridad nacional. A esto se agrega la negativa de los miembros del Grupo Garante ante las solicitudes de esta revista por acceder a la Hoja de Ruta aduciendo que se trata de un borrador que todavía no está listo para comunicarlo al público.

¿Qué dicen los miembros del G4?
Estuardo Gálvez, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Se realizó una reunión para definir la postura del Grupo Garante ante la hoja de ruta, en determinado momento se rumoró que alguno de los miembros podría apartarse. ¿A qué conclusiones llegaron? Hay varias dudas y situaciones que no nos parecen, por eso llegamos a acordar una audiencia con el señor Presidente para plantear la necesidad de que el compromiso no quede en una declaración de buena voluntad sino que se traduzca en acciones concretas. Dependiendo la respuesta que se nos vaya dando evaluaremos si existen actos serios que ameriten que el grupo siga observando el proceso.

Luego de ver la inversión necesaria para darle cumplimiento al Acuerdo, ¿Todavía consideran viable el mismo? Los acuerdos que se recogen son muy valiosos y totalmente necesarios para Guatemala, el punto es que eso se pueda ir llevando a la práctica, obviamente no todo se podrá llevar a cabo de manera simultánea por la crisis, pero sí se espera que se realicen acciones concretas que sean prioridad según las metas.

¿En base a qué expertos formularon sus propuestas? No son producto del trabajo de una tarde, ha sido más de un año de esfuerzos de equipos técnicos* de las cuatro instituciones, hay distintas fuentes de información que nos llevaron finalmente a coincidir en esta propuesta por lo cual sería bastante complicado citarlas.

*Debido a que la entrevista con Gálvez fue realizada al finalizar un foro público por lo que algunos datos no estaban al alcance del rector, se le solicitó la información por vía electrónica de la lista e historial de los expertos que participaron en la formulación del plan, así como datos relativos al tiempo al que hace referencia en las metas que él indica. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta alguna de la Rectoría de la USAC.

Nery Rodenas, Organización de Derechos Humanos del Arzobispado

¿Se habla de un relevo policial, cuando las acciones del Ministro de Gobernación se ven encaminadas a traer al mando a ex agentes? Creo que es una señal negativa por que desde un inicio se advertía que no se hicieran cambios y los cambios se hicieron. Nosotros advertíamos la negativa del Ministro a mantener en su puesto a la directora de la policía, nosotros creemos que era una gran apertura para el espacio en el tema de mujer, era una persona que tenía toda una trayectoria dentro de la policía nacional, que había buscado la profesionalización, y finalmente cuando no la logran destituir se busca una salida elegante hacia su persona.

¿Por qué eliminar los patrullajes conjuntos entre la PNC y el Ejército? Porque solamente se ha jugado con la percepción de la gente. Los Acuerdos de Paz se violaron al momento de involucrar al ejército, este ha venido patrullando si presentar mejora alguna en la situación. Es sólo una manera de darle a la gente una demostración de fuerza que no se ha traducido en cambios reales.

¿En base a qué experiencias o en base a la opinión de que profesionales se formularon sus propuestas? Fue en base al sentir que tiene la población, de allí que las iglesias tienen un buen sustento en representación poblacional.  Se trataron de ver cuáles eran los puntos más débiles en los que, a nuestro criterio, era necesario trabajar. A mi parecer no se consultaron expertos.

Extracto del comunicado oficial del Procurador de los Derechos Humanos.

“Recientemente el gobierno de la solidaridad  presentó la Hoja de Ruta, documento que según el ejecutivo dará vida al Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, sin embargo, el G-4 manifestó que dan por recibido el documento más no lo aprueban ya que el mismo no explica la fuente de donde saldrán los más de Q,1,300 millardos que costará implementarlo. El G-4 solicitó una nueva reunión con el Presidente Álvaro Colom para discutir las dudas financieras y otras con las que no están de acuerdo por considerar que la famosa Hoja de Ruta daña el acuerdo suscrito en marzo pasado”.

Lic. Fernando Leal, Alianza Evangélica de Guatemala.

¿En base a qué experiencias o especialistas formularon ustedes sus propuestas? El proceso del Acuerdo se originó en diciembre de 2007 cuando el entonces Vicepresidente entregó al G4 una propuesta que no incluía el tema de justicia, este material fue respaldado por el Consejo Asesor de Seguridad. Ellos presentaron la primera propuesta, cuando la recibimos generó una expectativa muy positiva, trasladamos estos documentos a grupos técnicos de aproximadamente 15 personas para analizar y ver qué cambios debían realizarse. La primera propuesta no estaba completa y debido a eso la Procuraduría preparó una contrapropuesta que los otros miembros ordenamos un poco para dar con el resultado final que se le presentó a la presidencia.

¿Realmente es necesaria la firma de estos Acuerdos para proceder a que el Estado cumpla con sus obligaciones? Las obligaciones no son motivo de acuerdo, sin embargo es importante que el gobierno abra sus aptitudes hacia la sociedad civil por medio de propuestas más concretas como lo es el Acuerdo Nacional de Seguridad.

¿Son viables las propuestas respecto a la inversión económica que representan en tiempo de crisis? El presupuesto presentado por la hoja de ruta, no fue aceptado en forma definitiva por el grupo garante ya que se consideró que es una manera muy precipitada de dar cifras.  No era momento de presentar número, nosotros sólo les solicitamos una hoja de ruta para poder empezar a consensuar los procedimientos y ya después analizar la inversión.

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