| CIFRAS DEL ALCOHOL |
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 Guatemala, Febrero de 2010El flagelo desatendido por un Estado complaciente Por: Redacción ...Yqué? El alcohol es la droga legal más aceptada, incluso considerada por algunos expertos como un medio de interacción social, sin embargo, como con todas las drogas, la magnitud de sus efectos sobre la mente y el organismo no deben ser desatendidos. Para esto, el Estado, ente regulador, debe tener bien claro lo que significa al país esta permisión, en especial para formular e implementar políticas públicas.
El consumo de este tipo de bebidas cuenta con una fuerte presencia en la cultura guatemalteca, desde el interior, donde es común ver a indígenas y campesinos en estado inconsciente en las cercanías de las cantinas, especialmente en días subsiguientes a los de pago. “El alcohol es un elemento de la cultura muy fuerte a nivel de la sociedad Guatemalteca y que provoca muchos conflictos a quienes lo ingieren y sus familias”. Señala al respecto la Lic. Ana Gladis Ollas Hidalgo, Defensora de los derechos de la mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos, quien también destacó las consecuencias violentas de este hábito y la incidencia del mismo en la desintegración familiar. En las clases menos favorecidas el alcohol es un tipo de escapatoria a una vida difícil y sin mayores prospectos, los jefes de familia frustrados por no poder brindar satisfactores se refugian en una actividad que irónicamente, les genera un gasto desmedido y los aleja más aún de su núcleo familiar. Es por esto que, en tiempos recientes, algunas comunidades en Sololá, Huehuetenango y Sacatepéquez, se han organizado para prohibir la venta de alcohol, principalmente para disminuir los índices de violencia. Para las capas medias y alta, el alcohol es un elemento importante en determinados ritos sociales y sus repercusiones, físicas, mentales y sociales, tan graves como en el resto de segmentos de la población. Las licoreras y el Estado Según el Módulo SIGSA, del Ministerio de Salud, en el 2008 murieron 2,119 personas en el interior únicamente, por “trastornos mentales y del comportamiento debidos a uso de alcohol”, de enero a noviembre del 2009, la cuenta ascendía a 1,661. Cabe destacar que el dato específico de por sí es alarmante, sin embargo, es el único dato con el que cuenta dicho Ministerio, ya que las enfermedades relacionadas al consumo se registran según su propio rubro. De lo anterior, se puede afirmar que el Estado de Guatemala no sabe cuántas personas mueren anualmente por el consumo de bebidas alcohólicas, ni cuantas son tratadas por la misma causa, dejándolos a oscuras en cuanto a lo que es gastado en concepto de tratamientos, dato indispensable para determinar la carga impositiva sobre las bebidas alcohólicas. Para esto debe considerarse que los oligopolios establecidos sobre este producto, pertenecen a familias que tanto histórica como recientemente, se encuentran en condiciones de ejercer presión sobre el Estado, y que el mismo percibió, según el Ministerio de Finanzas, Q 435.1 millones en concepto de Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y Otras Bebidas Fermentadas. Cantidad que de manera prudente, debe ser orientada a sopesar un flagelo cuya magnitud no ha sido medida, sin embargo, de acuerdo con lo que establece el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y Otras Bebidas Fermentadas, de la recaudación del impuesto se destina un mínimo del 15% para programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con esta discrecionalidad abierta, de lo recaudado en el 2009, únicamente Q. 230.3 millones (equivalente a un 52.9%), se destinaron al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cantidad que según la Lic. Ollas, “No tiene compensación, porque no podemos generar impuestos en un reglón que está causando muchos más daños sociales a la población”. En tiempos en que se proyecta un déficit fiscal del 4.5% del PIB, rubros como éste, que cobran una alta cuota económica y social deben ser recalculados en base a números generados por el aparato estatal, que estos datos no existan únicamente pone en evidencia la carencia de voluntad política, tanto por la influencia que nombres puedan ejercer en el actual gobierno, como por el poder de las empresas licoreras multimillonarias, que son casi tan antiguas como el Estado mismo de Guatemala.
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