| DESPRESTIGIO ¿OTRA FORMA DE TERRORISMO? |
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 Guatemala, Julio 2010Las campañas de difamación y el interés de grupos de poder por instrumentalizar los medios de comunicación Por: Redacción ...Yqué? La utilización de los medios siempre ha jugado un papel fundamental en nuestra política, sin embargo recientemente el tema ha tomado mayor realce, luego de que Carlos Castresana denunciara una campaña de desacreditación contra su persona y la CICIG en la cuál están involucrados reconocidos periodistas. Mientras tanto, ex candidatos a cargos públicos y otras figuras del medio señalan que ha sido la CICIG quien ha montado campañas de desacreditación en su contra. En esta coyuntura resulta interesante cuestionar ¿dónde termina la labor informativa y dónde los medios se convierten en instrumentos de una campaña de desprestigio? En años recientes, tras el auge de las nuevas tecnologías de comunicación, se empezó a manejar en esferas políticas el término “Terrorismo Mediático”, el cuál de acuerdo a analistas expertos en comunicaciones se puede definir como: infundir miedo y terror a través de los medios de comunicación, engañar, adulterar aseveraciones, desnaturalizar proyectos, torcer noticias, atribuir hechos ficticios o cualquier otra estrategia informativa que tenga por fin manipular la opinión pública. En Guatemala este concepto no ha sido ajeno, incluso el ex presidente Alfonso Portillo en varias ocasiones ha señalado ser víctima de ataques mediáticos orquestado por sectores que se vieron afectados con su administración. En la última campaña electoral se pudo ver como los dos partidos que pasaron a segunda vuelta establecieron sendos ataques mediáticos hacia sus rivales, acusándolos de narcotraficantes, genocidas y estar vinculados con antiguos poderes del conflicto armado interno. Castresana bajo fuego Para rastrear el momento en que se empezaron a generar las críticas hacía el trabajo de la CICIG deberíamos remontarnos mucho tiempo atrás, cuando en 2007 se discutía su creación, entonces, bajo la figura de las CICIACS. A partir de allí las críticas han sido constantes debido a los cuestionamientos que se hacen sobre la violación a la soberanía nacional que podría representar el trabajo y la potestad de una comisión internacional. Era de esperarse también que con el impacto de los casos que la CICIG tendría a su cargo los ataques y los intentos de desacreditar fueran continuos. Uno de los puntos que llevaron a que Carlos Castresana presentara su renuncia al cargo de Comisionado Contra la Impunidad en Guatemala, fue la puesta en marcha de campañas de desprestigio ejecutadas por profesionales de mercadeo que pretendían destruir su imagen para afectar la labor de la CICIG, dentro de estas campañas mencionaba los ataques sistemáticos a su vida privada. La renuncia de Castresana se da poco tiempo después de que el periodista Mario David García, en su programa radial Hablando Claro, diera a conocer los detalles de una supuesta relación extramarital entre el Comisionado y Tamalja Audrey Harris, de 27 años, quien habría sido su ex alumna y con la cual habría sido fotografiado en julio del 2008, en el hotel Panamerican. Junto con esta información se dio a conocer que Castresana está casado desde 2008 con la periodista mexicana Sanjuana Martínez Montemayor, quien vive junto con sus dos hijos en Monterrey, México. Pedro Cámbara, portavoz de Martínez Montemayor, confirmaba para el programa radial el supuesto adulterio de Carlos Castresana. Al momento de su renuncia, el Comisionado de la CICIG confirmó que había solicitado al presidente, Álvaro Colom, que destituyera al nuevo Fiscal General, Conrado Reyes, por no considerarlo la persona más apta para el puesto debido a sus vínculos con redes del crimen organizado. Horas después de la conferencia de prensa de la CICIG, Conrado Reyes convocó a una conferencia para rebatir las acusaciones de Carlos Castresana, en dicha conferencia el ahora ex fiscal, entregó a los reporteros presentes un documento titulado *Vox¬ Legis, donde se resumía la investigación realizada por Mario David García. Campañas de desprestigio en todas direcciones Mientras la CICIG afirma que se han establecido campañas de desprestigio en su contra, múltiples actores sociales afirman que ha sido la misma CICIG quien los ha desprestigiado haciendo acusaciones hacia su persona sin respaldo alguno, tal y como señala el abogado Fernando Linares: el primero en tratar de desprestigiar a las personas ha sido Castresana, con lo que él considera que son pruebas, pero no son más que acusaciones infundadas. El abogado Roberto López Villatoro, también denunció ser un chivo expiatorio de la CICIG cuando se le señaló de haber estado detrás de la promoción de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que nunca se presentaron pruebas que lo vincularan con grupos paralelos. Mismas acusaciones hace el militar retirado Moisés Galindo yo fui víctima de las difamaciones de la CICIG, me acusan de pertenecer a un cuerpo clandestino y paralelo al que financiaba Portillo; me metieron allí sólo para consolidar la hipótesis de que este grupo existía porque de no existir simplemente la CICIG no tiene razón de ser. Galindo además argumenta que estuvo al frente de la División Presupuestaria del Ministerio de la Defensa hasta enero del 2001 y que las transferencias que se investigan fueron realizadas entre febrero y marzo del mismo año. La CICIG por su parte ha declarado ante medios de comunicación que no está enjuiciando a Portillo por malversación de fondos sino por financiar una estructura paralela. En cuanto a la campaña de desprestigio denunciada por Castresana la que según la CICIG coordinó el relacionista público de los hermanos Valdés, Rodolfo Ibarra, la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán, señala que Ibarra como comunicador de la familia Valdés, era el equivalente de Diego Álvarez como Jefe de Prensa de la CICIG. Agrega que sí hay una campaña de desprestigio impulsada desde la CICIG y orquestada por Diego Álvarez ya que están tratando de establecer que sí no se está con Castresana se está con los malos. Están tratando de desprestigiar a guatemaltecos que tienen años de estar bregando en el debate público. Para Gustavo Berganza, la CICIG se ha metido al mismo juego tratando de ganar el punto difundiendo rumores, me parece tan lícito como lo que hizo Rodolfo Ibarra, aquí en lo que estamos es en una batalla por ganar la opinión pública. Cabe señalar que a mediados del mes de marzo el Jefe de Prensa de la CICIG, envió desde su correo personal un mensaje electrónico dirigido a columnistas y periodistas de los principales medios de comunicación, en la cual se daba eco a una información publicada en un medio digital sobre una campaña de desacreditación que se estaba fraguando contra Carlos Castresana. Curiosamente la información coincidía con lo que posteriormente sucedió, la campaña era orquestada por políticos, columnistas y personajes afectados por la labor de la CICIG, empezaría por desprestigiarlo públicamente acusándolo de relaciones extramatrimoniales… y de esta manera obligarlo a renunciar al cargo. ¿Derecho o instrumentalización de la libertad de expresión? Un día después de que Castresana presentara su renuncia se dio la captura de Juan Miguel Fuxet, auditor de la farmacéutica Lanquetín, y Rodolfo Ibarra, consultor de comunicación de dicha empresa, acusados ambos de encubrir a los hermanos Valdés Paiz y establecer una campaña para desprestigiar el caso. En una agenda incautada durante el operativo se podía leer: Castresana tiene otros clavos… tratar de averiguarlos para machucarle la cola; además se mencionaban lineamientos para organizar una entrevista fuera del país entre Estuardo Valdés Paiz y Haroldo Sanchez, director del Noticiero Guatevisión, la cual efectivamente fue realizada en Panamá el 19 de abril de este año. Además, en el expediente que se lleva del proceso en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, aparecen publicaciones de columnistas de diversos medios que, según la CICIG, habrían colaborado con la campaña de desprestigio. Fernando Linares, abogado defensor de Rodolfo Ibarra, señala que opinar sobre la forma en que se lleva o se debería llevar un caso no es algo sobre lo que se pueda enjuiciar a alguien, puede que yo me pronuncie con el fin de influir en un proceso, pero es obligación de los jueces ser impermeables a la influencia externa y mantener su objetividad, explica el abogado. Tiene derecho a enjuiciarme por difamación si digo que es un tonto, pero si digo que un caso no se lleva de manera correcta, no tiene dónde sustentar sus acusaciones, agrega, haciendo alusión a que lo hecho por el señor Ibarra es parte de su derecho a la libertad de expresión. Gustavo Berganza, sociólogo y columnista, considera que sí existe una campaña de desprestigio, pero que por otra parte hay gente que simplemente desarrolla su trabajo sin que eso sea sumarse a la campaña, agrega que desde el punto legal no está penalizado el tráfico de influencias. Marta Yolanda Díaz Durán, columnista señalada de estar involucrada en las campañas de desprestigio señala que es su derecho como columnista y periodista, todo individuo es libre de expresar su opinión y no por esto debe ser acusado de conspirador, traidor, fafero… o lo que se le ocurra a Castresana. Considera que lo importante es establecer las pruebas que señalen que todos los comentarios se dieron por la coordinación de Rodolfo Ibarra, ya que mientras tanto sólo es una visión conjunta del cabildeo de cada periodista. Carlos Castresana ha afirmado que las campañas de desprestigio contra el sistema de justicia son similares a las situaciones que se presentaron en su momento contra el sistema de justicia colombiano. La Revista colombiana Palabra Clave, en diciembre de 2008 publicó un artículo titulado El Valor Probatorio de las Publicaciones Periodísticas, de Germán Suárez Castillo, en el cuál aborda precisamente el tema de la incidencia de los medios, haciendo un análisis de su situación concluyen que a pesar de que el público toma “por cierta” la información presentada, judicialmente esto no puede afectar a un juez, los medios carecen de merito probatorio y son sólo eso, publicaciones informativas. La importancia del profesionalismo periodístico Gustavo Berganza señala que hay un 80% de noticias que no son iniciativa de los periodistas, ese 80% viene de terceros que hacen llegar la información, si soy un pendejo y no compruebo la veracidad de mis fuentes, el culpable soy yo como periodista, pues estoy desinformando. Esta confirmación e investigación de las fuentes se vuelve fundamental para que el periodista tenga la seguridad de no ser un instrumento de alguien que pretende causar daño con investigaciones que serán publicadas en los medios. Para Rolando Archila, Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el periodista está obligado a obtener la información desde diferentes puntos de vista, así que cuando su trabajo es sesgado su labor queda completamente desvirtuada. Por eso no debe permitirse que un periodista reciba cuestionarios pre hechos puesto que esto afecta directamente la imparcialidad de la nota, señala. Debido al papel que Haroldo Sánchez y Mario David García han jugado en estas situaciones se buscó la opinión de ambos en torno a los señalamientos que hace Carlos Castresana. A pesar de que en ambos casos se nos pidió que enviáramos por medio electrónico las preguntas, ninguno de los dos hasta el cierre de esta edición dio respuesta alguna. En la difícil coyuntura política del país, muchos grupos de poder, tal y como ha sucedido en fechas recientes, han tratado y seguirán tratando de incidir en la opinión pública manipulando información y buscando desprestigiar oponentes para beneficio propio. Ante tal situación, la ética y el profesionalismo periodístico resulta ser la clave para poder cumplir con el deber de dar a conocer información, objetiva y sobre todo imparcial, que promueva la discusión pública, y que permita que sin filtro alguno sea la población quien saque sus propias conclusiones, librando así al periodismo de convertirse en un arma para favorecer oscuros intereses. Comentarios (1)
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