Todos le echan la culpa a todo el mundo, en cuanto al causante del desastre ecológico del lago de Atitlán,  desde los drenajes servidos que van al lago, drenajes pluviales que arrastran basura, fertilizantes que llegan al lago, malas costumbres higiénicas, detergentes y jabones, y hasta la misma naturaleza que retrasó su cosecha de algas.  Casi todas las soluciones son económicas e incluyen inyectar millones y millones de quetzales, dólares o euros para poner plantas de tratamiento, pagadas por el Estado nacional o Estados extranjeros y, en fin, hasta crear más “consciencia ecológica”.  
Existe, sin embargo, una solución legal fácil de implementar, y es aplicar la ley.  El Código Penal ya contempla el artículo de contaminación industrial, que implica que cualquiera que contamine las aguas mediante emanaciones tóxicas, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos, será penado con prisión de dos a diez años y multa de diez mil a tres mil quetzales. No hay necesidad de mayores dictámenes técnicos. Como la cuenca del lago de Atitlán está llena de evidencias de que se cometieron varios delitos, faltaría que el Ministerio Publico local, el de Sololá, de una vuelta por el lago y cuando vea un desagüe de aguas negras que entra al lago, tome fotos y se convierta en  responsabilidad penal del Consejo Municipal, porque están contaminando el lago y no usando su presupuesto para corregirlo.  Si hay plantaciones de frijol, que son altamente contaminantes, hay que citar al agricultor al Ministerio Publico para que cambie de cultivo y deje de contaminar el lago so pena de ser procesado.  Cuando hay pruebas de que se usan abonos tóxicos, lo que puede averiguarse con muestras de suelo enviados a la Universidad de San Carlos, puede procesarse al agricultor que usa estos fertilizantes.  Si hay noticias de casas que no tienen fosas sépticas adecuadas, debe citarse al propietario o pedirle una orden de allanamiento al Juez para que permita ingresar al solar y determinar, de la misma forma que buscan drogas o armas, si hay un desagüe contaminador.  Ya existe la ley, ya existen las instituciones y sólo falta que se aplique e implemente y vemos que, ante el clamor público por la contaminación, ni el Fiscal General ni el Presidente de la Corte, en cuyas manos está buena parte de la solución, hayan dicho nada al respecto.

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