Guatemala, Agosto del 2010

Lamentablemente, es una tradición, casi un asunto de convicción religiosa, el que la clase política se resista a la transparencia, su misma naturaleza los obliga a recoger y enterrar sus colas cuan profundo sea posible. Pero es innegable que en esa tarea el actual gobierno uneísta ha destacado,  por su enorme esfuerzo por evadir su obligación constitucional de rendir cuentas, y por hacerse la brocha con su compromiso de facilitar la información pública. Hasta la fecha los funcionarios públicos de alto nivel siguen sin entender que toda la información que manejan es de carácter público y que ellos tienen acceso a ella únicamente porque ocupan un cargo cuyo sueldo es pagado con nuestros impuestos. Cabe aclararle a esos mismos funcionaros a los que nos referimos, que les llamamos funcionarios de “alto nivel” no porque ese calificativo esté relacionado a su calidad como profesionales, ni como seres humanos; tampoco les llamamos así por los sendos despachos que se recetan en los niveles altos de los edificios públicos. Simplemente les llamamos funcionarios de “alto nivel” por la magnitud de las instituciones públicas cuyo manejo se les fue encomendado, precisamente, y para que no se les olvide, por el mismísimo pueblo de Guatemala al cual se deben y que, contraria y frecuentemente, ustedes le niegan información. Sea un medio de comunicación o sea un ciudadano, es una traición a la Nación negarle ese derecho. 

Estamos a poco de cumplir dos años desde que la Ley de Libre Acceso a la Información entró en vigencia, y hasta el día de hoy gran parte de las instituciones públicas siguen inventándose cualquier excusa para determinar que la información está fuera del alcance de esa ley. Sería interesante realizar un estudio en conjunto con los demás miembros de la Prensa nacional, para ver cuántas solicitudes de los ciudadanos y de los medios informativos, han sido rechazadas o no obtuvieron una respuesta oportuna por parte, principalmente, de las instancias del Organismo Ejecutivo. Desde Revista …Yqué? podemos asegurar que al menos un 60% de las solicitudes son contestadas con evasivas. Y peor aún, algunos funcionarios con absoluto cinismo se han atrevido a responderle a periodistas que si quieren la información se les va a dar, pero van a tener que llenar un cuarto entero de cajas.

La persona que tiene ahora en sus manos este ejemplar, imagínese por un momento, el potencial informativo que se alcanzaría si la Prensa nacional contara con la colaboración de las instituciones gubernamentales para informar fielmente los resultados de la administración pública. Estas páginas seguramente estarían escurriendo mucha más información de la que actualmente usted recibe por este y otros medios, y por lo tanto, usted contaría entonces con más elementos de juicio para tomar mejores decisiones, y activar más frecuentemente sus derechos y capacidad de incidencia política.

Ante la anterior reflexión, grave resulta que a la Prensa se le haya venido negando, incluso, el acceso a la agenda pública que manejan los funcionarios, como si acceder a esta información, tal y como establece la Ley, fuera un peligro para la seguridad pública, atentara contra la soberanía del Estado o revelara datos de la vida privada de los funcionarios. Los periodistas no olvidan el intento fallido del Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, en agosto del 2009, por mantener en secreto sus reuniones, mediante la resolución UIPSPPR 1.2009 que declaraba “información reservada” las peticiones varias, solicitudes de audiencia, informes, correspondencia, invitaciones u otras gestiones dirigidas al Presidente y a su Secretario Privado.

A mediados del mes de julio de este año, periodistas de Siglo XXI le dieron cobertura durante cuatro días consecutivos a la agenda de la Primera Dama, la cuál acusó a los reporteros con demandarlos por acoso. Wendy Ruano, quien funge como su vocera, increpó a uno de los periodistas para averiguar quién le había dado la agenda, ya que según Ruano no convocan debido al sesgo que, según ella, han tomado los medios. 

Esta política de Sandra Torres de no dar a conocer su agenda, pese a que son actos donde hace entrega de bienes adquiridos con fondos públicos, parece ser la misma que ha tomado para con nuestro medio la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Después de varios meses de llevar una relación bastante áspera con esa instancia, el señor Manuel Vega, encargado de información y prensa de esa Secretaría, primero afirmó, en un estúpido intento de responsabilidad, que confesaba que no sabía por qué, pero que por algún motivo se había perdido nuestro contacto de su directorio de medios. Luego prometió que con un día de anticipación haría llegar a nuestra Redacción la agenda presidencial o, en su defecto, nos enviaría un mensaje de texto notificándonos. Hasta el día de hoy, nada de lo ofrecido se ha cumplido. Tal parece que existe una clara orden del Secretario de Comunicación, Ronaldo Robles, de no hacernos partícipes de los actos del Presidente.

 

Por otra parte, Edgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión Social, se atrevió a decirle a uno de nuestros reporteros, que el abuso cometido en contra de una niña de 7 años durante una jornada de Escuelas Abiertas era un caso que no se debía ventilar en los medios. Acto seguido, demostrando su falta de educación, su poco profesionalismo y su baja estatura moral, colgó el teléfono y no volvió a atender nuestras llamadas. ¿Quién es él, o cualquier otro funcionario, para decidir qué necesita saber la población y qué no?

Estas tácticas no son más que la reacción de un gobierno paranoico por la conciencia de sus actos corruptos, y que pretende disfrazarla argumentando que la información publicada en los medios atenta contra la institucionalidad del Estado. Por eso es importantísimo y urgente, que los ciudadanos en lo individual, hagan valer su derecho al libre acceso a la información pública, acudan a las Unidades de Información de las instituciones de gobierno, y presenten las solicitudes que crean convenientes. 

El Gobierno de Álvaro Colom se equivoca, no es una cuestión de los medios de comunicación, es un deber para con el pueblo de Guatemala. Ricos, pobres, indígenas, ladinos, capitalinos, provincianos, morenos, canches, empresarios, campesinos, cremas, rojos, naranjas y verdes; todos sin excepción, tenemos derecho a cuestionar públicamente a nuestros funcionarios, incluso al señor Presidente de la República.

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