Guatemala, Febrero de 2010

 

 

 

Pasada la tormenta del caso Rosenberg, es oportuno revisar los resultados del análisis del doctor Carlos Castresana, que si bien arrojó conclusiones irrefutables, deja más lagunas que datos certeros.

 

 

Empecemos por comprender qué es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.  Una comisión diseñada tanto por europeos como por gringos (ambos grupos dominantes en la organización de las Naciones Unidas), orientada a sustituir los ya caducos cascos azules que poco han contribuido a la paz mundial, y que sufren un rechazo casi unánime por los pueblos de las naciones en las que intervienen, y en las que se han registrado señalamientos de abuso, corrupción y, sobretodo, ineficiencia. Cabe preguntarse entonces si existe un interés de las potencias que dominan las Naciones Unidas para hacer de esta comisión, caso único en el mundo, un plan piloto aparentemente fructífero para reproducirlo en otras latitudes.  

Muchos nos preguntamos qué intereses pudiera tener un comisionado español para dar a conocer los resultados de su investigación dos días antes de la presentación del 2do informe de gobierno por parte del Presidente de la República, Álvaro Colom, ante el Congreso y el pueblo guatemalteco. Tal vez la respuesta no puede verse a simple vista, pero aunque sea difícil de percibir para nosotros, una población relegada a un rincón del subdesarrollo, las Naciones Unidas también responden a intereses políticos… internacionales. 

Tomando como base la anterior aseveración, podríamos concluir que la CICIG es una apuesta por un nuevo mecanismo de intervención en países como el nuestro, sumergidos en el subdesarrollo, la corrupción y la impunidad, que pretende abrir camino para reproducir este modelo  de control intervencionista que pueda penetrar, sin mayor resistencia, los organismos de Estado de otras naciones.

Veamos, Carlos Castresana ha intervenido en los 3 organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ha girado órdenes, las cuales en su mayoría han sido acatadas, en todas las instancias, opacando incluso la autoridad del Jefe del Ministerio Público,  Amílcar Velázquez Zárate, a quien le apestó el hocico porque nunca abrió la boca y se limitó a escuchar y a hacerle de dama de compañía.  ¡¿Es esto fortalecer la institucionalidad del país?!

Por otro lado, en incontables ocasiones se le ha vedado a la prensa el acceso a las investigaciones y conclusiones de determinados casos, bajo el argumento de que pudiera afectar el proceso antes de que estos alcancen el punto de “cosa juzgada”. Entonces, ¿a qué se debe el atrevimiento de Castresana para publicar el resultado de su investigación antes de que el caso sea juzgado?, ¿a quién benefició dando esas declaraciones anticipadas?

Con todo lo anterior, es necesaria la siguiente reflexión: señor Castresana, usted recibe instrucciones y financiamiento de las Naciones Unidas, y por lo tanto, debe entregar cuentas a esa entidad, sin embargo, el pueblo de Guatemala tiene derecho a saber y no se quedará conforme con sus argumentos mientras no exista una relación ecuánime en la que usted esté sometido al escrutinio por parte del guatemalteco.  
Y por último, al señor Castresana y a los señorones de la cúpula gubernamental, como lo hizo la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán, les ratifico que tampoco tengo deseos de suicidarme, por aquello de las moscas.

En fin, estimados lectores, sírvanse disculparme por dejarlos con este montón de mierda, pero yo, tanto como ustedes, estoy profundamente confundido  y no puedo quedarme en paz, hasta conocer una verdad que nos deje sin lugar a duda.

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