Guatemala, Julio de 2010

 

 

En los últimos tiempos, al Juzgado Décimo de Ejecución Penal han llegado casos de alto impacto, actualmente se encuentran en ese juzgado el caso por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg y la respectiva acusación contra los hermanos Valdés, las amenazas de muerte contra la diputada Nineth Montenegro, los negocios anómalos de Maskana, el proceso de Fraijanes II, los casos contra Raúl Velásquez, Porfirio Paniagua y Baltasar Gómez, así como  narcotraficantes y diversas redes criminales. Por lo anterior, la Juez Verónica Galicia se encuentra en la mirilla del ojo público y recibiendo la presión de prácticamente todos los sectores de la sociedad, legítimos e ilegítimos.

¿De qué manera afecta que en un solo juez se concentren tantos casos de alto impacto? Situaciones como el asesinato de Wark Wemington, quien trabajaba bajo su cargo, tampoco contaba con seguridad y era el responsable del expediente del caso Rosenberg. − Generan una gran cantidad de trabajo y presión, pero más que eso, el peligro que representan tanto para mí como para mis familiares. Cuando yo asumí esta judicatura, la Corte Suprema, a pesar de saber el tipo de casos que estarían a mi cargo, no me puso ningún tipo de seguridad, por eso fue que el Comisionado (Carlos Castresana) tuvo la inquietud de hablarle al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que me designara seguridad. Esto afecta también la parte moral, es decir, uno arriesga todo y aquí nadie lo apoya a uno. Con la seguridad me dieron un vehículo blindado que se gastaba un tanque cada semana, y en un momento llegaron al extremo en que me dijeron: “páguelo usted".

En su oportunidad, declaró ante los medios que cuando llevó el caso Pasaco en el juzgado de Escuintla no se sintió tan presionada como ahora. ¿Dónde radica el  nivel de presión que existe de parte de los litigantes? − Piensan que hostigando van a hacer que uno cambie de criterio, pero uno no se pronuncia si no es en audiencia y después de escuchar a ambas partes. En el caso de las personas prófugas (hnos. Valdés Paiz), quisieran que yo les diera el expediente para luego ver de qué manera me pueden pedir ayuda y les dé una salida viable.

 

Cuando usted era Juez en Escuintla llevó casos bastante serios, ahora concentra los casos de mayor impacto a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión de las posibilidades de crecimiento dentro de la carrera judicial? − Yo pienso que no hay posibilidades de acenso, llevar casos de alto riesgo no significa que uno tenga ganado siquiera un espacio en la Corte de Apelaciones. Mi antecesora también aspiró a ser magistrada y ninguna comisión de postulación se puso a pensar que la juez había arriesgado su vida por la justicia. Me imagino que la misma suerte voy a tener yo. Además la gente involucrada en los casos que yo llevo es gente de mucha influencia, y como ya los develó el caso Rosenberg, lo más seguro es que logren que yo tampoco alcance un cargo más alto.

 

¿Afectará el cierre de los casos la renuncia de Castresana? − De ninguna manera, porque el Doctor Castresana jamás ha venido a este juzgado, se mueve a otros niveles de la sociedad por lo que a nivel de tribunales, el litigio no se va a ver afectado.

 

¿Cuántas escuchas telefónicas han autorizado en su judicatura? − Sí yo le enseñara la caja fuerte donde tengo todo eso… no le podría dar un número exacto, posiblemente ascienden a unas 25 escuchas sólo en el caso Rosenberg.

 

¿De qué manera puede tener la población la seguridad de que las escuchas telefónicas se siguen dando en el marco de la ley y no bajo el control de cuerpos paralelos? − Según lo que se vislumbra, ya no tenemos la libertad plena de conversar con alguien por teléfono a sabiendas de que otro lo puede estar escuchando de manera malintencionada.

 

Se descubre que un oficial de su juzgado era informante de la red de los hermanos Valdés, ¿qué tanta posibilidad existe de que esta situación se genere también en otros casos? ¿Hay que empezar también una depuración en el Organismo Judicial? − Siempre se fuga información por culpa del amiguismo con los abogados, los oficiales les avisan qué está pasando. Pero a nivel institucional queda en responsabilidad de la CSJ ejecutar la depuración y acabar con esta situación de una buena vez.

 

¿Incurren en delito los periodistas que se vieron involucrados en esta estructura de desacreditación? − Para poder encuadrar una conducta como delito se tiene que ver cuál es la voluntad de esta persona, si piensa en su trabajo o en una mala intención para desarrollarlo. Si para los periodistas su única idea era una primicia no incurrieron en delito, en todo caso los culpables son quienes los utilizaron.

 

En este caso, ¿se están interceptando teléfonos de periodistas? − No. Las llamadas de periodistas fueron casuales, el teléfono interceptado era el del señor Ibarra, de allí se generaron otros números sospechosos a los cuáles el MP pidió la autorización de ampliación.

 

¿Cómo visualiza los pocos avances en torno al caso por las amenazas de muerte contra la diputada Nineth Montenegro? − Yo acá veo un Ministerio Público que no ha hecho nada, que tiene mucha información en sus manos y que no ha querido utilizarla.  Incluso yo he solicitado evidencia contundente, pero ellos no lo hacen. Es un MP que no tiene interés en investigar y nosotros no podemos venir a hacer su trabajo.

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