ES IMPRESIONANTE  que un comisionado de Naciones Unidas, en un país, en el que cada conquista en beneficio de los derechos humanos, costó sangre de miles de mártires, instrumentos inocentes, muchos, de una guerra fratricida importada por las calenturas de la llamada guerra fría, que de fría únicamente tuvo la secuela tétrica y esa sí, terriblemente gélida, de la muerte en sus más terribles manifestaciones, proponga como  soluciones para atacar la delincuencia, reformas constitucionales que desarmen el marco teórico fundamental de nuestra Carta Magna, con su principio antropomórfico que hizo del ser humano en particular y del bien común en lo general, el fin último de nuestras normas constitucionales, lo que constituye una barbaridad, sólo permitida por ese servilismo, que desde la conquista, mostraron criollos, ladinos y oligarcas frente a cualquier pretensión  de los imperios o sus representantes.

Era la noche del 13 de noviembre de 1970,  aniversario del levantamiento militar de los años sesenta.  Existía una tendencia a ver en esa fecha,  una oportunidad de reprimir opositores, que se volvió costumbre en el sistema.

 Como a las 11 de la noche, se había decretado toque de queda a partir de las nueve, escuché pasos de gente en la terraza de mi casa, que cada vez en mayor número, se situaba aparentemente en posición de ataque. Asomado a la ventana pude ver policías y soldados en mi jardín. Enfrente, un autobús, que en la jerga de la población se les denominaba pájaros azules. Del mismo, descendían  policías nacionales uniformados y de particular. Y de unos jeeps,  bajaban soldados.

Don Carlos Castresana en esa época, estoy seguro, muy seguro, en su casa, quizá adolescente, acostumbrados a la dictadura casi eterna del generalísimo Francisco Franco, formaría parte de esa mayoría silenciosa que rezaba en voz baja y sin hacer olas, porque la misericordia se apiadara de ellos y le quitara la vida, en la cama de algún hospital,  al amo y señor de todas sus estrechas facultades ciudadanas. Tal y como efectivamente sucedió.

En Guatemala, se luchaba en todos los frentes: En los políticos y, en quienes decidieron por la lucha armada, desde las montañas, por establecer un régimen de legalidad y de derecho, fundado para evitar sus violaciones, en una Constitución Política como la que finalmente se promulgó, gracias a Dios, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cinco.

Con todas sus falencias, tan de moda en evidenciar en la actualidad, debemos resaltar como su virtud, que  privilegió los Derechos Políticos y Civiles de los guatemaltecos, garantizando limitaciones claras, con rango constitucional, al poder represivo del Estado, frente a los ciudadanos. Hasta esa fecha, sujetos inermes de las pasiones de los mandatarios y las fuerzas políticas de turno, que hicieron de la violación de esos derechos, una práctica común, que llenó de cruces el país con el beneplácito y complicidad de todos lo organismos del Estado.

Ya hubiera querido yo, que el gobierno tuviera 6 horas para operar la consignación y no el tiempo indeterminado que en estado de excepción permitió tenerme preso del 13 de noviembre al 21 diciembre, sin expresión de causa, alegando frente a las autoridades que respondían a la invocación del habeas corpus, un “POR MEDIDAS DE SEGURIDAD”, que obviaba cualquier explicación o garantía procesal.

Por lo regular estos tecnócratas a quienes les hacen carrera en algunos organismos internacionales, elucubran con la imaginación del que se enfrenta a una sociedad de termitas, y frente al dilema,  que aparezca el villano avispón que las destruye y se las come, proponen derruirles el montículo, es decir, su casa, para frustrar al bandido y furtivo delincuente alado.

Este señor para lograr, según él, capturar a los delincuentes organizados y comunes, que contando con generosidad, no deben ser más de cuatro mil, con el agravante que sabe quienes son, puesto que él mismo lo confiesa, por lo menos en Naciones Unidas, y en consecuencia, omitiendo delictivamente hacer la denuncia inmediata; pretende eliminar, mediante una reforma constitucional, garantías fundamentales que impiden a la fuerza pública, plagada de delincuentes denunciados por ellos mismos, como parte de las fuerzas de seguridad, que a altas horas de la noche o la madrugada, irrumpan en la casa de habitación de cualquiera de los más de doce millones de habitantes honestos que conformamos la sociedad guatemalteca. ¡Vaya reformita!

 A la delincuencia se le enfrenta con determinación y voluntad política, no tratando de desarmar nuestro ordenamiento jurídico constitucional que puso al ser humano y sus derechos políticos, civiles y sociales, como el fin primordial de nuestro modelo de organización social.

Vaya a desarmar la constitución española, si tantos deseos tiene de transformarse en  referencia constituyente, en lugar de tocar con manos ajenas, el ordenamiento constitucional  de un país libre y soberano.

Y, señor Presidente de la República,  queda usted como única posibilidad de frenar estas facultades sobredimensionadas, que no pocas veces han constituido acciones francamente delictivas, que puntualizaré en futuras oportunidades, y que igual que a diputados o altos dignatarios, en el caso que nos ocupa,  protege, esa impertinencia frívola e improcedente,  una inmunidad ad perpetuam que también constituye una grave impunidad.

Como Abogado exijo a mi Colegio Profesional, que conforme una Comisión de Alto Nivel, para analizar con criterios rigurosos las violaciones a nuestra legislación, basándose en un convenio que rebasa la tolerancia de la dignidad jurídica de mi país y que nunca puede ser, como lo manda nuestra constitución, superior a la misma, y que en el colmo de lo inaudito, hasta pretende reformar.

Espero, señor Presidente Cruz, como colegiado activo, que acuse respetuoso recibo a esta solicitud pública y actúe en consecuencia.

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