El privilegio del que gozan los funcionarios públicos para portar y comprar armas y municiones sin restricción, promete mucho… muchas más muertes; más aún cuando se considera la actual situación de efervescencia y confrontación entre distintos grupos en el país.

 

El asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg sacudió a la sociedad guatemalteca, y más aún el video difundido post-mortem en el que señala a los más altos funcionarios del gobierno actual como responsables de su homicidio. Sin embargo, existe un problema que merece mucha atención en estos momentos, y que es derivado de la malograda Ley de Armas y Municiones y está directamente relacionado con el potencial violento de los funcionarios públicos.

Es innegable que la utilización de armas lejos de proteger o reducir riesgos, duplica o triplica las posibilidades de muerte. Para entender esto basta con revisar la tragedia ocurrida el mes pasado en el ranchón Los Delfines, en Ciudad San Cristóbal, cuando por una discusión un hombre desenfunda, y el propietario del lugar y su personal también le entra a la feria, causando una balacera de 10 a 15 minutos.  Resultado: ¡2 muertos y 18 heridos entre los comensales! Qué irónico resulta que los dos detenidos portaban sus respectivas licencias de armas, y uno de ellos con antecedentes por atentado con arma de fuego, y que quienes terminaron muertos y heridos en ese capítulo fueron personas ajenas al conflicto.

Ahora bien, si esto sucede con personas digamos de perfil bajo, con las limitantes de compra de armas y municiones, y con antecedentes de acciones violentas, imagínese lo que puede suceder en una trifulca que involucre a algún funcionario público, que cuenta con guardaespaldas y con total libertad para armarse hasta los dientes, y pero aún si su cargo le provee de inmunidad. Casos así, propiciados por la típica prepotencia que experimentan aquellos hombrecillos que recién se embriagan con las mieles del poder, han sucedido en repetidas ocasiones en nuestro país.  

Que si el diputado se puso bolo en un puticlub y no quiso que le tocaran su puta, que si a los guardaespaldas se les pasó la mano con eso de “péguenle un ahuevón”, que si se caldearon los humos, que si lo vieron feo, que si le bocinaron a la caravana de suburbans; en fin, historias así abundan. Y claro sin que esto signifique ningún castigo a los responsables, más bien parece que es lo que corresponde cuando algunos funcionarios dicen medio en broma, medio en serio: “autoridad que no abusa… pierde prestigio”, seguido de una risotada burlesca. Tristemente esa es la actitud que impera entre los funcionarios públicos. Vale entonces tener presente algunos casos tales como aquella vergonzosa situación en la que Mariano Rayo, actual diputado unionista, cuando después de un partido de fútbol, abrió fuego en plena plazuela España en la zona 9; o cuando luego de un incidente en 1995, Armando Escribá, actual director de Covial, fue procesado por portación ilegal de armas ante el Juzgado Tercero de Guatemala de Primera Instancia Penal.

Así que, estimado lector, considerando en estas circunstancias, cuando coincida en algún lugar con un funcionario público, resista ese sentimiento inevitable de ir a reclamarle por su pobre desempeño y abundante corrupción, y mejor retírese de ahí, no le dé la oportunidad de regodearse en sus armas… y aléjese sereno, tranquilo, seguro de que a todo coche le llegará su sábado.

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